Tanto quejarse de que la justicia y el Estado de derecho estaban dominados por intereses privados y guiados por propósitos políticos en la era del neoliberalismo para ahora seguir por el mismo camino.
El caso del agua y la toma de la presa La Boquilla en Chihuahua por productores y agricultores de todos tamaños es un ejemplo de la política y la justicia selectivas. Los productores y agricultores —aproximadamente 2 mil manifestantes— demandan que no se siga trasvasando agua a Estados Unidos por el río Bravo. Según el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública federal hay actos de coacción contra quienes se nieguen a acudir a las movilizaciones y a secundar a los líderes en ciertas convocatorias a actos violentos y que desde las oficinas del gobernador Javier Corral se instiga a la violencia. Si así fuera, para variar no lo sabemos, habría que probarlo y reprobarlo. Pero el punto no es ése, sino el tratamiento que se le da al problema.
El Tratado de Utilización de la Aguas de 1944 regula la administración conjunta de los ríos internacionales Colorado, Bravo y Tijuana, que abastecen de agua a los estados de la frontera norte de nuestro país, se contabiliza en ciclos de cinco años lo que aporta cada país y, muchas veces ha beneficiado a México. El tratado estipula que México no puede incurrir en adeudos por dos quinquenios consecutivos. Si no aporta su cuota antes del 24 de octubre de 2020 incurriría en incumplimiento de una obligación internacional.
Hasta el momento, la administración del Presidente no ha sobresalido por cumplir con obligaciones previamente adquiridas. Por sólo poner un ejemplo. México viola el Acuerdo de París sobre cambio climático porque usa y promueve el uso de combustóleo altamente contaminante para producir electricidad, por qué construimos refinerías y por qué obstaculizamos el desarrollo de energías limpias. La política en materia de generación de energía eléctrica, publicada recientemente por la Secretaría de Energía, “acelera el cambio climático, va en contra de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por México en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y cierra el paso a las energías renovables, ofreciendo como alternativa la quema inaceptable de combustóleo para generar electricidad”. Esto sin contar con que la generación de electricidad con combustóleo es más caro que con energía eólica o fotovoltaica.
¿Por qué tanta obsesión con cumplir con el Tratado de Aguas, pero no con el de París? ¿No debería operar la misma lógica de que México no puede incurrir en incumplimiento en ambos casos?
Lo mismo pasa con otros contratos en los que, en lugar de ser los Estados nacionales los firmantes, son empresarios con el Estado mexicano. ¿Acaso hubo algún empacho en cancelar a un alto costo los contratos del aeropuerto de Texcoco, o los de los gasoductos, o tantos otros porque dañan al pueblo y son leoninos?
El trato selectivo está presente en otras áreas de política. Comparemos la conducta del gobierno en relación a los manifestantes de La Boquilla y la de las tomas de las vías ferroviarias. En 2019, la CNTE en Michoacán tuvo tomadas las vías de tren durante 40 días, en 2020, agricultores de Chihuahua (municipio Meoqui) llevan 22 días, los maestros en Puebla y los Yaquis en Sonora recurrieron a la misma estrategia para conseguir sus demandas. En 2019, las vías estuvieron tomadas y los trenes parados durante 64 días. En 2020 ya llevan, en total, 90 días o tres de nueve meses del año. El gobierno no hizo más que “dialogar” porque al pueblo no se le reprime, porque hay libertad de manifestación y porque la Guardia Nacional no está para eso.
En el caso de La Boquilla se disolvió la manifestación, se envió a la Guardia Nacional, hubo una mujer muerta y un hombre herido de gravedad y encima se congelaron cuentas bancarias de políticos y líderes ejidales vinculados con las protestas. En este caso se decide actuar de manera distinta porque se juzga que los campamentos, las manifestaciones y la toma de la presa no es cosa del pueblo, sino de autoridades locales corruptas y líderes espurios.
Los ejemplos se repiten. Pío López Obrador recibió aportaciones para un movimiento legítimo, pero los recursos no reportados por otros partidos son dinero bajo la mesa y deben ser castigados. Las adjudicaciones directas de otros sexenios son corrupción, pero las de ahora sirven el propósito de abaratar las compras del gobierno. El INE es una autoridad parcial cuando gana un adversario, pero imparcial cuando ganó Morena.
Ver más en Excélsior
