El golpe que recibió el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) es más profundo que el drama de los despidos y se enmarca en una estrategia de apropiación de los medios públicos para convertirlos en instrumentos de gobierno.
Cientos de colaboradores del IMER están en peligro de quedarse sin trabajo este viernes. La situación proviene de los recortes presupuestales y de las disposiciones para no contratar personal por honorarios.
El pretexto es el ahorro y la austeridad, aunque a estas alturas habría que tener claro que no es lo uno ni lo otro, sino una trasferencia de recursos que se utilizaban para el salario y la operación, y ahora van a una bolsa que promueve el fortalecimiento de clientelas. El IMER, como otras dependencias de Gobierno, es víctima de esa política.
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que “revisará el tema” y que no se pretende afectar a la radio pública, por lo que se abre una pequeña rendija de esperanza en lo que se refiere a las fuentes de trabajo y la continuidad de las emisiones.
El problema hay que mirarlo desde una óptica más amplia y en la que hay señales, ya claras, de lo que piensan hacer, desde el Gobierno, con los medios de comunicación que son propiedad del Estado mexicano.
En Canal 11, por ejemplo, se da paso a espacios que promueven el odio y que hacen de la división, inclusive por el color de la piel, una agenda. Lamentable y sobre todo porque desde la barra de programación se renuncia al criterio y a la calidad que caracterizó a la señal del Instituto Politécnico Nacional y la hizo un ejemplo de buena televisión.
Notimex, lo que fue una agencia de información, es ahora una sucursal de venganzas y descalificaciones, llegando al extremo de difamar a algunos de los más altos representantes de la creación cultural, porque cometieron el pecado de recibir becas de una institución que nació para ese tipo de apoyos, el Fonca.
