El uso de la justicia como arma política es característica de regímenes autoritarios. En México hubo que vencer muchas resistencias para crear una Fiscalía General de la República (FGR) que no estuviera subordinada al Poder Ejecutivo. Eso ocurrió por fin con las reformas del Pacto por México. Sin embargo, no basta que la autonomía esté en la Constitución, es necesario que realmente se ejerza.
La investigación sobre los sobornos de Odebrecht es una oportunidad para desentrañar el carácter sistémico de la corrupción en México, desarticular sus redes y desmontar la impunidad estructural que la hace posible. Sin embargo, no parece que esos vayan a ser sus alcances porque el objetivo explícito del Presidente es usar el caso como ariete electoral, aunque eso exhiba a la FGR como una institución de autonomía simulada.
Recordemos que en su respuesta al desplegado de intelectuales, donde se llama a conformar una alianza opositora para construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados que le regrese al Congreso su condición de contrapeso, Andrés Manuel López Obrador adelantó que Emilio Lozoya daría a conocer sobornos a legisladores de oposición para aprobar la reforma energética, aduciendo con ello que es mejor el sometimiento del Poder Legislativo al Presidente que su corrupta independencia.
No sólo eso, el mandatario ha reiterado que para él lo primordial es el “juicio popular” para “estigmatizar” a los corruptos, y no tanto su sanción judicial. No hay nada nuevo. Suele ser poco escrupuloso con el debido proceso, no respetar la presunción de inocencia —a menos que los acusados sean sus colaboradores— y señalar culpables por anticipado con su consabida descalificación moral. Por lo mismo, demanda que se difunda el video que entregó Lozoya a la FGR, al margen del proceso legal, mientras insiste en que los expresidentes no deben ser juzgados a menos que una consulta, imposible por ilegal, diga lo contrario. Quiere propaganda, no justicia.
Los desmedidos privilegios otorgados a Emilio Lozoya generan la legítima sospecha de un acuerdo político, antes que el de un corrupto confeso que quiere pasar a ser testigo colaborador. A pesar de que los cargos son graves, ni siquiera se ha acercado al Reclusorio, firma por vía remota y, en tiempos de austeridad, se le proporcionó estancia en un lujoso hospital privado. Y si alguna duda quedaba, la despejó el fiscal Alejandro Gertz con su espontánea confesión.
En conferencia con académicos, Gertz aseguró que Rosario Robles estaba en prisión porque, a diferencia de Lozoya, no colabora para “descubrir esa famosa Estafa Maestra”. La prisión como mecanismo para forzar confesiones a gusto del carcelero.
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