Hay “verdades oficiales” y “verdades históricas” que por más que se repitan y que digan sustentarse “en la ley”, nunca van a poder borrar la percepción ciudadana y la vox populi; que se encargarán de sostener la versión “no oficial” que termina siendo la más repetida y creíble entre la población hasta borrar y condenar al olvido a la verdad oficial sobre un tema. Eso pasó, por ejemplo, con la llamada Casa Blanca de Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera, que por más que intentaron vestirla de legalidad y borrar con investigaciones y dictámenes jurídicos oficiales su vergonzoso origen de conflicto de interés, en el imaginario colectivo la propiedad quedó como un momento emblemático de la corrupción de todo un sexenio.
Y el pasado jueves, la Cuarta Transformación y el gobierno del presidente López Obrador emitieron su primera “verdad oficial” sobre las denuncias de corrupción y conflicto de interés del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a quien se le documentaron junto con sus hijos y su pareja sentimental de los últimos 20 años, más de 28 propiedades e inmuebles y 12 empresas que conforman un evidente e inocultable emporio familiar creado y conformado en torno a la actividad única como servidor público de Bartlett por más de 60 años.
La encargada de armar esa versión jurídica y oficial, sostenida en argumentos legales —que no necesariamente morales— y en una “exhaustiva investigación” que los llevó a buscar “hasta debajo de las piedras”, fue la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval,
quien para efectos prácticos (y para fortuna de Manuel Bartlett y complacencia del presidente) no fue la misma comisaria dura e implacable contra la corrupción que ha sido cuando los acusados o investigados son políticos opositores. Esta vez, doña Irma, más suave y comprensiva, llegó a la conclusión de que, al no figurar el nombre ni los apellidos del director de la CFE en las escrituras inmobiliarias ni en las actas constitutivas de empresas, el señor Bartlett Díaz no tiene nada qué ver con las múltiples residencias, edificios y propiedades de sus vástagos ni en las exitosas empresas de su compañera sentimental de 20 años, que no concubina, y que todo fue producto del trabajo y la buena fortuna de los descendientes y la pareja del patriarca Bartlett que, con sus sueldos de funcionario público, logró apuntalar un millonario emporio familiar.
Ni al Presidente ni a su ministra anticorrupción les pareció relevante y mucho menos necesario, por supuestos impedimentos legales, hurgar en la historia personal y política de don Manuel o en sus movimientos financieros de años atrás y en cómo, al mismo estilo de muchos otros políticos del viejo régimen al que él perteneció y del que fue el exponente y cancerbero electoral, la fortuna personal y familiar se distribuye, de manera totalmente legal en apariencia, entre hijos, hermanos, esposas, madres y demás familiares cuya riqueza y crecimiento económico está siempre ligado al ascenso político y burocrático del personaje en cuestión.
Digamos que con los Bartlett y su fortuna no se aplicó el mismo rigor ni claramente la misma vara que llevó a investigar, rastrear y hasta congelar las cuentas y las empresas de los hermanos del ministro Eduardo Medina Mora, a quien presionaron hasta el límite de la renuncia, al documentarle que había utilizado a su familia como los beneficiarios de contratos, pagos y servicios del gobierno que los llevaron a hacer de una pequeña empresa informática (Compusoluciones), un gran negocio de asesoría y servicios digitales. Tampoco a don Manuel se le dio el trato feroz que a Rosario Robles, encarcelada por un delito que no amerita prisión preventiva con argumentos legaloides de un juez consanguíneo de la diputada morenista Dolores Padierna, y por supuesto jamás le hubiera aplicado al consentido del presidente un rasero similar al que llevó a detener a la madre de Emilio Lozoya Austin o a encontrar e investigar, una transferencia multimillonaria en beneficio de Genaro García Luna hoy acusado y detenido en Estados Unidos, y ferozmente investigado en México, por los mimos delitos y acusaciones que alguna vez, allá por 1986, le hiciera la justicia estadounidense a Manuel Bartlett Díaz, a quien vincularon al caso “Camarena”.
“Lo que hizo antes eso se juzga, y cada quien tendrá que responder, pero la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso fue lo que se investigó”, dijo ayer el presidente que, a diferencia de lo duro que es con sus adversarios políticos, a quien juzga e investiga por lo que hicieron en el pasado, en el caso de su director de la CFE no consideró relevante ordenar una investigación no sólo del último año de su desempeño como funcionario público, sino de toda una historia de crecimiento político y también económico de la familia Bartlett, cuyos negocios, riquezas y propiedades, han fructificado de la mano de la trayectoria pública de su patriarca. “Tenemos que ser objetivos y responsables, si hay un servidor público corrupto no sólo se va a su casa, se va a la cárcel. Pañuelo blanco, no hay corrupción arriba, me atrevo a decirlo y a sostenerlo y quiero que me tapen la boca”, completó el mandatario en su exoneración política al cuestionado.
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