El 2018 será un año de definición fundacional. Gane o pierda el PRI, en muchos sentidos terminarán un régimen y un sistema de gobierno. Se ha tocado fondo y muchas de las reformas institucionales significan que las cosas no serán como antes. La discrecionalidad queda acotada. La autonomía de órganos de fiscalización y procuración de justicia también habrá de imponer una nueva dinámica en el ejercicio del gobierno. Para unos, será muy importante el juicio al pasado; para los más, tendrá un mayor peso que el ejercicio del poder sea un nuevo punto de partida para una diferente y mejor forma de gobierno. En el horizonte, existen bases muy precarias pero importantes para la construcción de un gobierno de coalición.
Lo más endeble frente a esa opción se presenta porque lo que dispone la Constitución en materia de gobierno de coalición no ofrece claridad y es preciso definirlo. Casi todo habría de construirse en función de los acuerdos. La referencia legal de mayoría legislativa no aclara si es el Congreso o alguna de las Cámaras. En mi opinión, la fundamental es la Cámara de Diputados, porque allí se define el presupuesto, el instrumento más relevante del ejercicio del gobierno y de la operación de la administración pública. Es posible que la mayoría en la Cámara de Diputados coincida con la del Senado, pero es menos probable que la del Senado se reproduzca en la de la colegisladora.
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