Luego de que la precandidata perredista a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava, fuera decapitada y su cuerpo apareciera al lado de un mensaje que decía: “Esto le va a pasar a todos los putos políticos que no se quieran alinear y putos chaqueteros”, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el gobierno de la República había ofrecido, “incluso por escrito”, seguridad a los candidatos que buscarían un cargo de elección popular el domingo 7 de junio.
Vale la pena citar al secretario: “Sabemos dónde hay una mayor amenaza y por ello es que, incluso por escrito, a algunos candidatos de todos los partidos políticos, en algunos casos especiales, estamos ofreciéndoles el respaldo y apoyo para su seguridad”.
Era el 11 de marzo de 2015. Ese día, Osorio Chong afirmó también que la posibilidad de llevar a cabo el proceso electoral estaba absolutamente fuera de discusión: “Es un mandato constitucional, es el ejercicio de la libertad de decidir de los ciudadanos, y entonces lo que tenemos que hacer como Estado mexicano, es garantizar que se pueda realizar”, dijo.
Cuando el secretario salió a dar esta declaración, además de la perredista Nava habían sido asesinados el precandidato del PRD a una diputación por un distrito de Oaxaca, Carlos Martínez Villavicencio, y la dirigente del PRI en Lagunillas, San Luis Potosí, Cecilia Izaguirre. Había sido secuestrado, también, el operador electoral del PAN Alfonso Ordaz, cuyo cadáver apareció una semana después en San Luis Potosí.
Tras la declaración del secretario —y hasta el pasado 2 de junio— vino una cascada inédita de asesinatos: la más alta en la historia de los procesos electorales que se han verificado en México en tiempos recientes. En Guerrero, Michoacán, Tabasco, Puebla y el Estado de México, perdieron la vida candidatos, precandidatos y operadores políticos (se habían contabilizado 21 homicidios al día de ayer). Poco después de la declaración del secretario Osorio, el INE informó que había detectado 15 mil 134 Secciones de Atención Especial (SAE), de las cuáles 6 mil 656 correspondían a zonas donde se registraban altos niveles de inseguridad: Dichas secciones representaban… 47% más que en el anterior proceso electoral.
El secretario Osorio afirmó sin embargo —19 de mayo—, que el gobierno federal estaba trabajando “para que los casos que lamentamos profundamente no sucedan más”, y dijo que el país no estaba en llamas: “No está incendiado”. Para el último día de ese mes se tenía registro de 70 episodios de secuestro, amenazas, agresiones y ataques a instalaciones ocurridos en trece entidades del país.
