Durante mucho tiempo atrás en distintos espacios y tonos se ha argumentado a favor de la existencia de medios públicos que, por supuesto, no son medios de gobierno. Los medios que viven con cargo al erario son medios del gobierno (salvo en la práctica Radio Educación y por Ley Notimex) tanto a nivel federal como local. Un común denominador de los autodenominados medios públicos es que comparten los siguientes elementos que distan mucho de las mínimas prácticas internacionales:
1.- No existe ley, reglamento o acuerdo legal que establezca en alguno de estos medios el derecho de acceso ciudadano al medio, de tal suerte que pueda ejercer a plenitud las libertades informativas. ¿No es una frase retórica establecer en la Constitución el ejercicio de esas libertades si no se disponen los medios para su ejercicio? En los Estados democráticos de derecho las cosas transitan por senderos distintos. En España, por ejemplo, el artículo 20.2 de la Constitución establece que: “La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”.
2. Tampoco existe garantía de que se honre el derecho a la información del público en la medida en que todos y cada uno de los medios en cuestión: a) La inmensa mayoría depende del Poder Ejecutivo. (Los que dependen del Congreso y del Poder Judicial de la Federación hacen las veces de medios que transmiten aquellos mensajes que coinciden con sus posturas institucionales y, excepcionalmente, si hay voces disidentes tienen rígidos umbrales de tolerancia a la pluralidad). En las democracias se prima, por el contrario, la presencia de los distintos sectores de la sociedad política y civil. En Bélgica, por ejemplo, la Ley del 17 de julio de 1987 establece que el Conseil Supérieur de l´Audiovisuel debe estar compuesto por 25 miembros entre profesionales de la televisión, asociaciones de prensa y asociaciones de consumidores.
Se pensó (o por lo menos muchos pensamos) que con el gobierno de la 4T habría un cambio en la ley y en la práctica, al menos en el ámbito federal y donde es gobierno a nivel estatal. Lo cierto es que a casi la mitad del sexenio las cosas siguen siendo exactamente igual al pasado que tanto criticamos y hoy se reproducen acríticamente esas mismas prácticas: todo para el ganador. Explicaciones no han faltado. Pero hechos son amores. En esta temática el rumbo correcto se ha olvidado. Hay que encontrarlo si se quiere edificar una sociedad donde todo mundo tenga algo que decir en los espacios que el pueblo sufraga con sus impuestos.
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