Eran parte de un grupo de militares detenidos en marzo de 2011 en Coahuila. Los acusaron de proteger a Los Zetas y les fincaron cargos por delitos contra la salud, lavado de dinero en la modalidad de custodia y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos logró demostrar, sin embargo, que tres de los oficiales detenidos en Coahuila habían sido torturados para autoincriminarse y acusar a otros compañeros. El médico militar que los valoró señaló que todos habían sido severamente golpeados, y que los presentaron ante él con las manos y los ojos vendados.
La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, tuvo que admitir actos de tortura en agravio de los tres oficiales y los indemnizó con 49 mil pesos. El abogado de los militare dijo que el monto no era en realidad tan importante, como el reconocimiento de tortura por parte del instituto armado. Parecía que con aquel reconocimiento se inauguraba una nueva etapa, en la que incluso iba a seguirse una investigación en contra de los oficiales torturadores.
En abril de 2015, según notas de prensa publicadas en esos días, la Sedena y la Procuraduría General de la República, PGR, enfrentaban mil 254 juicios por prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, infligidos a civiles detenidos por miembros de fuerzas federales.
Las notas indicaban que la mayor parte de las personas detenidas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada (en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”) habían sido aprehendidas “mediante prácticas, policiacas o militares, prohibidas”.
