Los “otros datos” —muleta oficial para difundir mentiras— se han convertido en instrumento imprescindible en la propaganda de Palacio Nacional.
Ese término es utilizado sistemáticamente por López Obrador en su cruzada contra los organismos autónomos, sobre todo los que estorban al manejo discrecional de los recursos.
Por ejemplo, el Presidente declaró ayer que organismos autónomos, como el Inai, “no son imprescindibles”. Alega que son caros y no sirven.
“Este instituto se creó durante el gobierno de Fox. Inició con una resolución: no dar a conocer los nombres de los empresarios que se beneficiaron con condonaciones de impuesto (…) y últimamente, también en el periodo neoliberal, resolvió mantener en secreto los expedientes de Odebrecht, el instituto de la transparencia”, dijo en la mañanera.
Falso.
El Presidente está malinformado o manipula para alcanzar en su objetivo de evitar la vigilancia y la contención de sus actos de gobierno.
Un documento del Inai, denominado “Logros de la Transparencia y Acceso a la Información”, recuerda que, desde 2010, el instituto ha librado tres resoluciones destacadas en contra del SAT.
Ese año se ordenó hacer pública la relación de personas físicas o morales a las que les fueron cancelados créditos fiscales, precisando montos y razones.
En 2015 se instruyó que se diera a conocer nombre, denominación o razón social y RFC de los contribuyentes cuyos créditos fueron cancelados y/o condonados, de enero de 2007 a julio de 2015.
En 2018 se ordenó al SAT revelar nombres de las empresas y montos correspondientes en la administración de Peña Nieto.
Ese año, el pleno del Inai ordenó a la entonces PGR entregar la versión pública de la averiguación previa del caso Odebrecht.
El Inai entregó la información, pero lo hizo después de que se resolvieran varios amparos, parte de ellos de particulares. El SAT no quería dar la información.
Para ilustrar la falsedad de “los otros datos” tenemos una nota del 30 de septiembre de 2019, emitida por la organización Fundar, sobre la entrega de información de créditos fiscales condonados y cancelados en 2015, en cumplimiento a una resolución del Inai.
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Un dato real que aparece en el documento deja muy mal parado al gobierno federal en materia de transparencia:
Del 1 de diciembre de 2018 al 23 de diciembre de 2020 se han presentado 319 amparos por dependencias que no favorecen el derecho a saber.
De ese total, el Ejecutivo acumula 247; el Legislativo, 1; el Judicial, 4; los partidos, 1, y otras instancias públicas, 66.
¿Cómo la ve?
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