El recrudecimiento de los ataques a la libertad de expresión, que ha dejado como saldo reciente los homicidios de la periodista Miroslava Breach, en el estado de Chihuahua; y los periodistas Ricardo Monluí Cabrera, en Veracruz, y Cecilio Pineda, en Guerrero —que merecen la más amplia condena de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos—, así como amenazas contra comunicadores como Héctor de Mauleón, Denise Maerker, Denise Dresser, Julio Astillero, Olivia Zerón, José Luis Montenegro, Bela Braun y Kennia Velázquez, entre otros compañeros del gremio, debe alertarnos a la sociedad entera y a las autoridades a no ser indiferentes ante esos reprobables hechos que constituyen mensajes y amagos a la seguridad del resto de los comunicadores, a quienes se busca amedrentar para impedir que realicen sus labores profesionales. Igualmente destaco la más reciente agresión al periodista Armando Arrieta en Veracruz, lo que confirma el clima adverso que en nuestro país enfrenta la libertad de expresión.
Es obligación de las autoridades poner fin al círculo perverso que va desde las amenazas hasta el homicidio contra los periodistas, trayecto que pasa por el miedo, la incertidumbre, la duda y en no pocas ocasiones la autocensura, sin olvidar el cierre de medios informativos, el obligado cambio de profesión de periodistas, el autodestierro o la movilidad forzada.
No pueden soslayarse las dos amenazas más relevantes que se ciernen sobre la libertad de expresión: el crimen organizado y el abuso de poder, que constituyen, hoy en día, una realidad que con lamentable frecuencia golpea una y otra vez los espacios de libertad del periodismo con el propósito de censurarlo, sumarlo a fines y causas ajenas, inhibirlo, reprimirlo o castigarlo.
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