Los mexicanos hemos sido testigos en meses recientes de cómo se destruyen reputaciones desde el púlpito del poder.
En junio de 2019, Guillermo García Alcocer, el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, tomó la decisión de renunciar a su cargo luego de meses de una relación ríspida con el Presidente, quien dijo que revelaría los nombres de personas con las que García Alcocer tenía un supuesto conflicto de interés. Seguimos esperando esa información. Una de dos: o a ese servidor público se le estigmatizó con información falsa o sus presuntas faltas fueron perdonadas a cambio de su renuncia, la cual sirvió políticamente para someter a la CRE a los designios del gobierno. Sea cual sea la verdad, es grave. Y en ningún caso debió haber sido tratado públicamente.
Y así podemos encontrar muchos ejemplos.
Las conferencias matutinas en Palacio Nacional han sido un foro para destazar la imagen de intelectuales, políticos, empresarios y periodistas, entre otros, frecuentemente con nombre y apellido. Tener una postura divergente sobre lo que hace o dice el Presidente es razón suficiente para convertirse en blanco de señalamientos.
Tan no es normal lo que sucede, que la Suprema Corte analizará próximamente si el poder público cuenta con la misma libertad de expresión que los gobernados, como informé aquí hace dos semanas.
Mientras eso ocurre, la práctica ha comenzado a generalizarse en las conferencias de prensa de servidores públicos de menor jerarquía, tal vez porque la actitud presidencial los hace sentir con permiso para practicar el denuesto.
Es el caso de la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum, quien el lunes, en un mensaje, dijo que detrás de la toma de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estaba María Beatriz Gasca Acevedo, quien fungía como vicepresidenta de la firma de recursos humanos GINgroup.
La acusación contra Gasca consistió en decir que ella había entregado víveres a quienes ocupan el inmueble de la calle República de Cuba, en el Centro Histórico de la capital. Y lo peor, a decir de Sheinbaum, es que lo hizo “en un auto de lujo”.
Luego, la jefa de Gobierno señaló que GINgroup es “una empresa especializada en outsourcing y una de las principales factureras denunciadas por la Secretaría de Hacienda e incluso por el IMSS”. De esta manera, Sheinbaum violó la presunción de inocencia. Se convirtió en fiscal y juez de un caso que ella sacó de la nada, porque quienes hemos seguido la historia de la ocupación del edificio sabemos que sucedió a raíz de que la CNDH y su titular, Rosario Piedra Ibarra incurrieron en desidia y tardanza para atender a un conjunto de víctimas, una de las cuales, Marcela Alemán, decidió amarrarse a una de las sillas de la sala de juntas del lugar.
Unas horas después del comentario de Sheinbaum, GINgroup decidió separar de su cargo a Gasca, situación que fue comentada atinadamente por Ivonne Melgar, nuestra compañera de Excélsior, en un contundente tuit. “La próxima vez que quieran solidarizarse con una causa o movimiento, piénsenlo dos veces: no vaya a ser que acusen de complot a la empresa donde laboran y acaben perdiendo su empleo”.
El movimiento político que ganó las elecciones de 2018 con base en las libertades de expresión y asociación construidas durante décadas, ahora quiere borrarlas de un plumazo, porque ya tiene el poder y la crítica estorba a sus objetivos.
Parte de esa acción consiste en practicar la estigmatización, el acoso y la calumnia. Pero si quienes abrazan esas libertades no se arredraron en los tiempos más oscuros del autoritarismo del siglo pasado, cuando no había medios para hacerse escuchar, seguramente tampoco lo harán ahora.
Pobres de los que, en aras de acumular poder, permiten que su biografía sea manchada por la mentira y el abuso. La historia recordará que fueron iguales a los de antes. O peores.
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