La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) hace un respetuoso pero enérgico llamado a las y los servidores públicos para que se abstengan de descalificar a quienes ejercen el periodismo, la actividad reporteril y la labor de los medios de comunicación para los cuales laboran.
El Ejecutivo Federal, pasando por las y los secretarios de Estado, legisladores y legisladoras, gobernantes estatales como presidentes y presidentas municipales deben acatar el artículo sexto constitucional, además de respetar y garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión durante su ejercicio público.
Cuando una persona que se desempeña como funcionario público descalifica, denosta o le atribuye sobrenombres a periodistas y/o comunicadores (por ejemplo: “fifí”, “chayotero”, “conservador” o “chairo”), no sólo permite el desprecio por la libertad de expresión de periodistas, sino que también alienta actos de violencia, discriminación, intolerancia, discursos de odio y abusos de poder.
Otros actores no gubernamentales como el empresariado, la delincuencia organizada e incluso miembros de la sociedad se sienten legitimados para atentar contra las libertades informativas si desde tribunas más elevadas se emplean expresiones verbales denigratorias, se emiten burlas o se asignan etiquetas para demeritar el trabajo periodístico de profesionales y medios de comunicación, creando con ello un clima de intimidación.
Todo ello constituye un atentado a la libertad de expresión que, en el peor de los casos, puede llegar al asesinato de periodistas, pero propiciado desde el poder.
Asimismo, hacemos un llamado para que en las conferencias de prensa se permita la participación de periodistas con posturas de contrapeso al poder político, para que formulen preguntas sobre temas controvertidos y sustanciales para la comprensión de los asuntos de interés público y no se prefieran aquellas intervenciones a modo, superficiales y ligeras que evaden las cuestiones de primer orden para el país. Estas últimas prácticas atentan contra el derecho a saber de quienes informan como periodistas y medios, y de la sociedad para la toma de decisiones.
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