Sin glorificar a las instituciones del sistema político mexicano, que todavía pueden dejar mucho que desear, hay que reconocer que, como producto de la pluralidad, en los últimos 30 años se han creado y fortalecido un importante número de ellas. Algunas, como el INE, han sido tomadas como ejemplo y calificadas como de “clase mundial”. El Banco de México no tiene nada que envidiar a otros bancos centrales. La Cofece está entre las diez mejores agencias de competencia en el mundo. Instituciones fuertes son indispensables como contrapeso no sólo político, sino también administrativo. Políticamente, las instituciones frenan los caprichos de los gobernantes, les obligan a actuar dentro de la ley y restan discrecionalidad a la toma de decisiones del titular del Ejecutivo. Administrativamente, garantizan la continuidad y profesionalización.
Provocar una “gran transformación” —lo que quiera que esto signifique— no requiere de la destrucción de las instituciones. Hacerlo, denota un personalismo excesivo, en el mejor de los casos, y una clara señal de eliminar todo aquello que pueda constituir un obstáculo a las pretensiones presidenciales, en el peor.
Ésta es la ruta que se está siguiendo. Unas han desaparecido (ProMéxico o el INEE); otras cambian de nombre (Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado); otras más son denostadas públicamente (INE o INAI). Todas están siendo apercolladas a través del presupuesto.
Hoy toca a una institución que ha sido fundamental y que ni siquiera puede ser acusada de “haber callado como momia” en el pasado: el Consejo para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que mide la pobreza y evalúa programas y políticas sociales del gobierno federal. Es el más barato de los organismos autónomos.
Se dice que no hay intención de desmantelarlo. Los hechos dicen lo contrario.
Para el presupuesto de 2019 sufrió un recorte de 21 por ciento. Hace dos meses se le pidió a su secretario ejecutivo —G. Hernández Licona— eliminar todas las direcciones generales adjuntas y llevar a cabo una reducción adicional del 20% de plazas de estructura. ¿Por qué? Porque los ahorros en esta administración se hacen sin considerar la situación de cada institución, sus necesidades, desempeño y valía. Se necesitan recursos para Pemex y para los programas sociales emblemáticos de López Obrador. Esos que corresponde evaluar al Coneval para saber si están bien diseñados, operados y alineados a cumplir con sus metas. Y, pues, esos recursos tienen que salir de algún lado, porque los 500 mmdp que supuestamente se ahorrarían por la erradicación de la corrupción nomás no aparecen por ningún lado.
Los recortes solicitados demuestran que nadie se tomó la molestia de estudiar la plantilla del Coneval. La institución funciona con 69% de servidores públicos eventuales, cuyo contrato se renueva cada seis meses. Sin ellos, el Coneval no puede hacer su trabajo y la condición para autorizar que sigan siendo contratados es que se despida al 20% de los que son permanentes.
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