Decepciona que un Presidente que se reputa de izquierda y luchó por acotar el poder presidencial haya amasado tanto para sí mismo a través de cambios constitucionales, legales y reglamentarios. También a través de decretos, muchos de ellos ilegales.
Conocedor de la política, sabe que poderoso caballero es don dinero. Su proyecto requiere, primero, de dinero; después, de dinero y, por último, de dinero. Pero en una democracia el poder de la bolsa está en el Congreso y para disponer de él hay condiciones.
La primera es que el partido del Presidente tenga la mayoría en el Congreso. La segunda es que esa mayoría sea absolutamente disciplinada a la voluntad del Presidente. López Obrador tiene la fortuna de contar con ambas condiciones y no se diferencia de la época dorada del PRI, en la que, como se decía entonces, el Presidente era el pastor y los legisladores sus ovejas. Falta una tercera condición: la vocación de concentrar el poder en el titular del Ejecutivo. La tiene de sobra. Una tríada perfecta.
La concentración de poder en el ámbito presupuestal es ya preocupante. En teoría, el Ejecutivo está limitado en su capacidad de recaudar y gastar porque esa función corresponde al Congreso. La práctica —la de los gobiernos “neoliberales” y la de AMLO— es muy diferente. A la hora de ejercerlo, el Presidente, sin autorización de los legisladores, puede reasignar cantidades estratosféricas del presupuesto. También puede desviar recursos con mucha facilidad. Muestra de lo primero es que se ha llegado a reasignar (2016), a través de las dichosas adecuaciones, hasta el 15.97% del presupuesto (Leonardo Núñez, ¿Dónde quedó la bolita?). Muestra de lo segundo es que, cada año, la Auditoría Superior de la Federación documenta miles de millones de pesos “desviados”. Conclusión: se violan las facultades del Congreso y la fiscalización queda en mero testimonio. Aún no hay cifras definitivas para las reasignaciones del 2019, pero las preliminares indican que fueron de alrededor del 9% o 548 mil millones de pesos.
Este año, la práctica se profundizará. Además, podrá disponer, dice él, de 622 mil millones producto de la “eficiencia, honestidad y austeridad”. No se sabe de dónde sale esta cifra que gastará a su elección, pero hay, al menos, 250 mil millones provenientes de los fideicomisos, 158 mil 500 mdp del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y 60 mil 400 mdp del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Todo este gasto se hará de manera ilegal o, al menos, sin la pulcritud que señalan las leyes. No conforme con la posibilidad de manejar discrecionalmente enormes cantidades de recursos, el primer Presidente de izquierda se otorgó facultades y se otorgará muchas más para gastar a su entera satisfacción.
Cuando se aprobó la Ley de Austeridad Republicana (19-11-19) se modificó la, de por sí, ya laxa Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estipulando que los ahorros generados por las medidas de la austeridad podrán ser dedicados “al destino que, por decreto, determine el titular del Poder Ejecutivo”.
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