Como opositor, AMLO fue intransigente y un crítico implacable del gobierno en turno. Por mucho menos que eso, hoy sus seguidores llaman a cualquiera “golpista”. Como Presidente, sigue siendo intransigente e insensible a las demandas sociales que no le interesan.
En un contexto de recursos cada vez más escasos, la legitimidad del sistema fiscal es clave para mantener la unidad nacional. Aferrarse a la construcción de una refinería, un tren y un aeropuerto, hoy innecesarios, frente a la apremiante necesidad de recursos para salvar vidas o empresas, es insensato. Mientras que en otros países se están inyectando recursos fiscales a los distintos niveles de gobierno y a los contribuyentes, AMLO dice que no abrirá la cartera, salvo para comprar un estadio de beisbol. No sorprende que se estén gestando dos rebeliones.
La primera proviene de algunos gobernadores de estados cuyos habitantes pagan más impuestos federales respecto a los recursos que reciben de la Federación. Los gobernadores conocen los riesgos del colapso de sus sistemas de salud, tienen poco dinero y el gobierno federal no les ha dado apoyos adicionales relevantes.
Los estados han vivido cómodamente en un pacto fiscal en el que el gobierno federal se encarga de recaudar y los gobiernos estatales reciben participaciones y aportaciones de aquel. Más del 80 por ciento de sus ingresos provienen de la Federación.
El petróleo compensaba a quienes más aportaban. En el 2008, el 32 por ciento de los ingresos totales del gobierno federal, equivalentes al 7.3 por ciento del PIB, provenían del crudo, sin contar acá los recursos que se queda Pemex. Una parte se iba a los estados. En el 2019 los ingresos petroleros del gobierno fueron el 1.7 por ciento del PIB. Este año serán aún menores. Ya no compensan a los estados que más ponen.
La Constitución permite a los estados cobrar sus propios impuestos directos, como el ISR, o los indirectos, como el IVA. También lo puede hacer la Federación. Para evitar que ambos cobraran esos impuestos, en 1978 se aprobó la Ley de Coordinación Fiscal. En ella, los estados renuncian a cobrar esos impuestos, lo hace la Federación y les regresa una parte de lo tributado.
Cuatro de los estados que aportan más de lo que reciben, Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, quieren revisar el pacto fiscal. En palabras del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el 10 de abril: “Yo espero que eso no tenga que suceder [salirse del pacto fiscal], yo estoy a favor de que se revise el pacto fiscal, pero si no hay voluntad de la Federación, pues ya estuvo bueno del maltrato…”.
La segunda rebelión proviene de algunos organismos empresariales locales. A raíz de la contingencia, el gobierno obliga el cierre de las empresas no esenciales y las presiona a que paguen íntegros los salarios de sus trabajadores, pero no facilita ni un día de plazo para el pago de los impuestos federales. En un país donde, además, los servicios públicos son de tan baja calidad, es fácil entender su enojo. En Tamaulipas, por ejemplo, la Federación de Cámaras de Comercio estatal pactó suspender el pago de impuestos federales y locales. Dada la grave crisis económica que viene, magnificada por la inacción del gobierno federal, veremos una brutal caída en los ingresos federales y, por tanto, llegarán menos recursos a los estados. Habrá altos niveles de desempleo y cientos de miles de negocios quebrados.
El país necesitará un nuevo pacto social y fiscal. Es momento de unidad, no de autocracia. Si el gobierno simplemente continúa queriendo imponer su visión del mundo, este nuevo pacto puede llegar de forma muy disruptiva. La rebelión contra el pago de impuestos federales se puede volver uno de los temas centrales de las elecciones del 2021, sobre todo en los estados donde se elige gobernador.
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