En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las libertades se deterioraron y la percepción de mayor corrupción aumentó. La gobernabilidad declinó, pero el poder centralizado incrementó. Las palabras sobre democracia, se han quedado en una retórica hueca y sin sustento. El futuro no pinta bien, como deja ver el Proyecto de Justicia Mundial, que en la primera vez que mide al gobierno López Obrador, lo reprobó. Esta organización sin fines de lucro con sede en Washington, que fue crítica con el gobierno de Enrique Peña Nieto, muestra que si antes estábamos mal, ahora estamos peor.
Este miércoles fue dado a conocer mundialmente el Índice 2020 sobre el Estado de derecho, una revisión sobre cómo se están aplicando las leyes para combatir la corrupción, la pobreza y las enfermedades, cruzada con las variables de seguridad, derechos, justicia y gobernabilidad, donde se ve lo mal que le fue a México el año pasado. De 128 países, México se encuentra en el lugar 104, una caída de tres lugares, superada sólo por los gobiernos autócratas de Venezuela (128), Nicaragua (118) y Bolivia (121), y por Honduras (116), cuyo gobierno está infectado por el crimen organizado. El gigante latinoamericano, Brasil, está lejos, en el lugar 67, y Chile, la democracia más acabada de la región, en el 26. Entre los países de ingresos medios y altos, a México sólo le ganan en pérdida de libertades, Venezuela, Irán y Turquía.
El informe trae sorpresas amargas. Una es en el capítulo de Ausencia de Corrupción, que considera como formas de corrupción el soborno, influyentismo de intereses públicos y privados, y desvío de recursos públicos en el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y los militares. El mandato de las urnas a López Obrador, de combatir la corrupción, ha sido incumplido y causó decepción. La caída, en comparación con el último año del presidente Enrique Peña Nieto, fue de 0.03 puntos. La percepción de que el Presidente ha optado por la impunidad, le costó al país en el ranking, al ser situado en el lugar 121, superando sólo a siete naciones que están peor evaluadas que México.
El mismo sitio ocupa el capítulo Orden y Justicia, que mide la manera como la sociedad evalúa qué tanto hace el gobierno por la seguridad de las personas y su patrimonio. “La seguridad es uno de los aspectos que definen cualquier sociedad de leyes, y es una función fundamental del Estado”, dice el índice. “También es precondición de la concreción de los derechos y las libertades que el Estado de derecho busca promover”. La seguridad es la razón por la cual nacieron los Estados modernos, para proveerla a sus ciudadanos y súbditos. El documento no aclara si la evaluación se dio antes o después del culiacanazo, la demostración más clara de la claudicación del Estado mexicano a las leyes.
Los Derechos Fundamentales, que es otra de las categorías del Proyecto de Justicia Mundial, se refiere a los derechos humanos y la libertad de expresión. Una vez más, el Índice no registra todavía las largas campañas de hostigamiento y control sobre la libertad de prensa, acompañadas por un sistemático y masivo golpeteo en las redes sociales y, de manera sobresaliente, en las comparecencias matutinas del presidente López Obrador en Palacio Nacional. Tampoco incorpora el sentir y pensar de los mexicanos del atraco a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde el Presidente nombró a una neófita en la materia que se rodeó de profesionales que no son abogados, y que planteó una agenda de trabajo con intereses particulares. No sería raro que el sitio 78 donde ubicaron a México en el documento, tuviera un retroceso el próximo año, superior a la caída de 0.02 puntos, en 2019.
Más información: http://bit.ly/3b0Zwmn
