Ricardo Anaya es el político mexicano más perseguido en las décadas recientes. El Estado desplegó en su contra una campaña de calumnias con insinuaciones dolosas, utilización ilegal de instituciones judiciales, fabricación de presuntas evidencias y el empleo faccioso de medios de comunicación. Todo ello sucedió (no podría haber ocurrido de otra manera) por instrucciones directas del presidente Enrique Peña Nieto.
La persecución del Estado en contra de Ricardo Anaya no benefició al candidato presidencial del PRI sino a Andrés Manuel López Obrador. Han sido unos genios, pudo decirse como rezaba una de las inverosímiles cantinelas de José Antonio Meade. Nadie sabe para quién difama, o tal vez sí.
Los motivos de Peña para denostar al candidato presidencial del Frente están teñidos de irracionalidad y temor, como tantas otras de sus decisiones en estos cinco años y medio. Al parecer, el presidente creyó que golpeando a Anaya conseguiría que Meade se colocara en el segundo sitio de las preferencias electorales. Pero quizá, también, influyó el compromiso del candidato presidencial del PAN y PRD para perseguir los actos de corrupción del sexenio que está concluyendo.
En todo caso, antes que nada por decisión de la mayoría de los electores y además con la ayuda del gobierno de Peña Nieto, las preferencias de voto favorecen al candidato presidencial de Morena. En lo que suceda dentro de cuatro domingos habrá influido la campaña de Estado más ominosa que se haya desplegado contra un dirigente político, quizá en más de cincuenta años.
El desafuero de López Obrador, en 2005, también fue una acción del Estado contra un dirigente que le resultaba incómodo. Se trató de un despropósito político pero en aquella acción había un asidero jurídico debido a la infracción del entonces jefe de Gobierno del DF que desatendió intencionalmente una decisión judicial.
En el caso de Anaya, en cambio, hasta donde se puede establecer con la información disponible no ocurrió falta administrativa ni legal alguna, por parte del hoy candidato, en la adquisición, remodelación y venta de un predio en Querétaro. No obstante, a partir de un caso sin evidencias, el gobierno y el PRI denunciaron supuestos delitos que no comprobaron. A fines de febrero la PGR difundió una versión adulterada de la visita de Anaya a una de sus oficinas: el candidato se presentó a solicitar formalmente que se aclarase si se le acusaba de algún delito. La Procuraduría dijo que Anaya se había negado a declarar y le adjudicó palabras que él no había dicho, como se pudo comprobar en el video de ese episodio.
Para desacreditarlo el gobierno inventó una historia truculenta que, luego, el candidato presidencial y los dirigentes del PRI repitieron sin tener pruebas de que Anaya fuese culpable. La imagen del candidato del Frente quedó afectada por esas difamaciones.
Ricardo Anaya les disgusta a muchos por motivos tan variados como, por lo general, superficiales. Entre otras, se dicen de él las siguientes cosas.
Que deshizo al PAN, que sacó de la competencia en ese partido a Margarita Zavala. Lo que Anaya hizo fue construir una mayoría dentro de esa organización política y, luego, participó en la creación del Frente con otros partidos. Zavala no quiso competir por la candidatura de la nueva coalición y renunció al PAN para buscar una candidatura independiente.
Que quiere aliarse con Peña Nieto. Es paradójico que se diga eso de Anaya cuando, como hemos recordado, ha sido acosado y difamado por el gobierno actual. A fines de abril, frente a los consejeros de Citibanamex, Leonardo Curzio le preguntó al candidato del Frente si se reuniría con el presidente Peña para ponerse de acuerdo en un proyecto de reformas. Anaya respondió “Hay que ser muy prudentes porque quiero ganar esta elección, hay que hacer que las cosas sucedan de manera inteligente, lo que te puedo decir es que la ruta es la de sumar esfuerzos”. Aquella declaración de ninguna manera indicaba que habría un acuerdo del Frente con el gobierno pero eso fue lo que quisieron entender numerosos periodistas.
Que no tiene experiencia en la gestión política. Haber transitado por numerosos cargos públicos no siempre es garantía de capacidad para tomar decisiones políticas. Anaya, en todo caso, ha sido funcionario público y legislador, además de dirigente nacional de su partido.
Que es muy joven. Anaya tiene 39 años. Emilio Portes Gil llegó a la presidencia a los 37, Lázaro Cárdenas a los 39, Álvaro Obregón y Carlos Salinas a los 40. Anaya no es un jovencito. Por otra parte, esgrimir su edad como inconveniente para ocupar la presidencia es discriminatorio con los jóvenes pero además es una insensatez en un país en donde el 68% de la población tiene menos de 40 años.
Que no parece presidente. Esa es una apreciación subjetiva y difícilmente sostenible en términos políticos. Hoy en día muchos gobernantes tienen semblante juvenil (Emmanuel Macron tiene 40 años, Justin Trudeau 46) que no se riñe con sus responsabilidades.
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