Si el contenido de los borradores de las iniciativas de reforma en materia de procuración y administración de justicia filtrados esta semana reflejan las intenciones reales del gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR), éstos estarían buscando mayores poderes para combatir el delito a costa de los derechos humanos.
Conocidos la noche del martes, los borradores –cuya paternidad sería desconocida al día siguiente– causaron alarma entre organizaciones y especialistas, que los interpretaron como una sentencia de muerte para el sistema de justicia penal acusatorio y un salto a décadas atrás.
Y yo creo que con razón. De entrada, dar mayores poderes a la FGR para detener y procesar a presuntos delincuentes no garantiza la inhibición de la actividad criminal. Si así fuera, la inclusión del robo de combustibles en la lista de violaciones a la ley que ameritan prisión preventiva oficiosa hubiera terminado con el huachicoleo y hay evidencias públicas –a un año de esa reforma– de que eso simplemente no ha ocurrido. Tan es así que ahora proponen cubrir los ductos de Pemex de concreto.
Más aún, una Fiscalía empoderada, con capacidad de dictar arraigos y realizar intervenciones telefónicas al por mayor, puede poner en riesgo la libertad de ciudadanos inocentes. Y yo soy de los que piensa que más vale un culpable libre que un inocente preso. El derecho que tenemos todos a la seguridad pública, y la obligación de la autoridad de proveerla, no debe tener como precio nuestra libertad.
Vea lo que ha pasado con el caso LeBarón, sin que se hayan discutido las reformas que, según los borradores, buscan el Ejecutivo y la FGR.
El 1 de diciembre pasado, unas horas antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezara un acto público en el Zócalo para marcar el primer aniversario de su ascenso al poder, la FGR detuvo en Janos, Chihuahua, a los hermanos Héctor Mario y Luis Manuel Hernández, presuntos responsables de haber participado en la masacre de tres mujeres y seis niños en Bavispe, Sonora.
La familia de los detenidos, con la que he hablado varias veces, asegura que tiene pruebas de que no estuvieron en el lugar de los hechos y que fueron aprehendidos en su casa –donde estaban a cargo de su padre discapacitado–, luego de que los agentes federales no pudieron localizar a su vecino, quien se encontraba en Estados Unidos.
Los hermanos Hernández fueron arraigados por 40 días mientras la Fiscalía reunía mayores evidencias. Hasta que el domingo pasado, el día en que el presidente López Obrador viajó a Bavispe para visitar a los deudos de la masacre, fueron enviados al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano para ser presentados ante un juez.
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