La noche del primero de julio del año pasado, apenas algunos minutos antes de la llegada del presidente electo López Obrador al Zócalo, caminé por Madero conversando con sus simpatizantes. La plaza ya estaba repleta y el júbilo era notable. La mayoría festejaba el triunfo específico de López Obrador, después de más de una década de brega. Otros celebraban una victoria histórica para la izquierda mexicana. Después de doce años de conservadurismo panista y seis años de violencia y corrupción priista, imaginaban que, con la llegada del nuevo presidente y de la no menos importante mayoría legislativa, la agenda progresista alcanzaría conquistas inéditas. Para muchos existía el precedente de la propia Ciudad de México, oasis progresista del país. Era natural que el triunfo abrumador de López Obrador despertara la misma ilusión.
El resultado no ha sido el opuesto, pero sí muy diferente. Ni el más enfático seguidor del presidente podría argumentar que López Obrador y su partido gobiernan estrictamente desde el libreto progresista, en el que no tendría cabida la militarización, el desmantelamiento sistemático del andamiaje institucional de apoyo a grupos vulnerables, el retiro de sustento a la cultura, la academia y la investigación científica, la descalificación a rajatabla de la sociedad civil como dependiente de “la oligarquía” ni tampoco la incomprensible batalla contra la energía renovable. Me temo que un progresista de otros lares tampoco entendería el conservadurismo recalcitrante de varios de los elegidos por el presidente para ocupar un cargo en la Suprema Corte. Tampoco puede decirse que López Obrador ha comenzado a gobernar como un liberal. Nada tiene de liberal la intolerancia al desacuerdo, la descalificación a la prensa, la imposición de funcionarios afines en puestos que requieren especialización o el aparente uso de los instrumentos del Estado para amedrentar a quien disiente.
Quizá la omisión más sorprendente, por obvia, sea la inmovilidad del gobierno lopezobradorista en cuanto a la agenda social progresista. Pienso en asunto elementales en la plataforma de políticos y partidos similares en otras partes del mundo, como la legalización de la mariguana o la protección plena del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. En Estados Unidos, por ejemplo, prácticamente todos los candidatos demócratas a la presidencia en el 2020 – incluida la senadora Kamala Harris, quien fue una severa fiscal general en California– abogan por la legalización a escala federal. Bernie Sanders, el hombre a vencer en la contienda, defiende la legalización desde hace años. Beto O´Rourke, el congresista de Texas que probablemente buscará también la candidatura, incluso escribió un libro contra la criminalización de la mariguana. En México, la historia ha sido distinta. Aunque la Secretaria de Gobernación Sánchez Cordero ha tomado la iniciativa para promover el histórico paso de liberalizar el consumo recreativo de la droga, el presidente López Obrador no ha ejercido, ni de lejos, el tipo de liderazgo que uno esperaría en un asunto que, a estas alturas, es prioridad en buena parte de la agenda progresista mundial.
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