Se tardaron, pero los extranjeros ya también se están dando cuenta, como sabemos los mexicanos desde hace tiempo, que el gobierno mexicano no respeta el Estado de derecho cuando así lo considera conveniente.
El presidente López Obrador ha dicho, en reiteradas ocasiones, “si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”.
El problema es la definición de justicia. ¿Quién la define? ¿Cada quién de acuerdo con sus criterios?
Lo que yo puedo estimar como justo puede ser considerado injusto para otra persona. En las democracias liberales, los legisladores (representantes de la sociedad) son los que deliberan y deciden qué es lo justo y lo plasman en leyes que nos rigen a todos.
Al tomar posesión, el Presidente se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Está obligado a cumplir y aplicar la ley, no a luchar por la justicia, un concepto etéreo y subjetivo.
Pero ya sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando considera que algo es injusto, se pasa por el Arco del Triunfo al Estado de derecho.
Este asunto es toral en materia económica. Los inversionistas, nacionales y extranjeros, arriesgan su dinero con la idea de que el gobierno cumplirá y aplicará las leyes, reglamentos y contratos existentes. En un país donde el gobierno no respeta el Estado de derecho se incrementa la incertidumbre y, por tanto, el riesgo de invertir. A mayor riesgo, mayor la utilidad que demandan los inversionistas. Los perjudicados son los consumidores que tienen que pagar precios más altos.
Los extranjeros se tardaron, pero ya comienzan a estar en la misma tesitura que los mexicanos en cuanto al Estado de derecho en nuestro país. Doy tres ejemplos.
La American Bar Association (ABA) es una organización fundada en 1878 en Estados Unidos. Agrupa a abogados con la misión de defender y expandir el Estado de derecho (the rule of law, como dicen en inglés). Pues el 20 de octubre esta organización envió una carta al presidente López Obrador donde afirma que altos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se han quejado de que los miembros de la profesión legal han sido un obstáculo para la transformación que pretende este gobierno. El SAT ha solicitado a las empresas que no usen los servicios legales en sus diferendos, sino que se arreglen directamente con ellos. Además, manifiestan que la Procuraduría Fiscal de la Federación está iniciando o amenazando con iniciar investigaciones penales para presionar a personas físicas y morales que consideran han evadido al fisco.
La ABA le dice a AMLO que “se opone enfáticamente a cualquier acción que tomen los gobiernos para coartar el derecho de las personas a buscar una defensa legal”. Recuerda que se debe respetar el derecho de los contribuyentes a un debido proceso.
Lo justo, sin duda, es que las personas físicas y morales paguen sus impuestos y que el SAT castigue a los evasores. Pero no por eso se debe cancelar la legalidad existente. Lo que dice la ABA es que no se vale presionar a los contribuyentes violentando la ley.
Segundo ejemplo. El pasado 22 de octubre, un grupo de senadores y representantes de Estados Unidos le envió al presidente Donald Trump una carta quejándose del trato regulatorio preferencial que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dando a Pemex y la CFE, lo cual dilata o cancela permisos que tenían compañías energéticas estadunidenses en nuestro país.
Alertan a la Casa Blanca que Morena está presentando reformas constitucionales para echar atrás la reforma energética del sexenio pasado. Todo esto, según ellos, viola y contradice el espíritu y la letra del nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Le piden a Trump intervenir para que el gobierno mexicano respete las reglas vigentes, de tal suerte que las compañías estadunidenses tengan certeza en sus operaciones en México.
Tercer ejemplo. La empresa española Iberdrola ha invertido unos diez mil millones de dólares en México para producir electricidad de acuerdo con las nuevas reglas de la reforma energética. Dichas normas han sido modificadas en la práctica. Ante esta incertidumbre legal, Iberdrola ha anunciado que dejará de invertir en nuestro país.
Se tardaron, pero los extranjeros ya también se dieron cuenta de que este gobierno sí prefiere lo que ellos consideran justo a lo que ordenan las leyes. Las quejas han comenzado. Algunos ya optaron por tomar la puerta de salida. Malas noticias para nuestro país, tan urgido de nuevas inversiones que nos hagan salir rápido del hoyo económico en el que nos encontramos.
Ver más en Excélsior
