Para el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se requiere una mayor participación de los gobiernos locales para consolidar una política de Estado que permita prevenir y combatir la violencia contra periodistas en el país y reiteró el compromiso de gobierno con la libertad de expresión.
Al reunirse la tarde del jueves con representantes del Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), el Ejecutivo reconoció la necesidad de emprender acciones más contundentes para sancionar las agresiones y crímenes contra informadores, así como para garantizar mejores condiciones de seguridad para el desarrollo de labor. En este sentido, se comprometió a fortalecer y dotar de mayores atribuciones a la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
En su intervención, Carlos Lauria, coordinador del CPJ para América Latina, cuestionó al mandatario la impunidad en que se encuentran la mayoría de los asesinatos contra periodistas en México y el clima de hostigamiento y amenaza que rodea a muchos de ellos en aquellas entidades del país azotadas por la violencia como Tamaulipas, Guerrero o Veracruz. También urgió a que el mecanismo de protección a periodistas cuente con los recursos suficientes para operar, y por lo tanto, pueda proporcionar una asistencia efectiva a los trabajadores de la información que se encuentren en riesgo.
Por su parte, el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, también presente en la reunión, ofreció que en breve se convocará a una reunión con los responsables de las instancias de procuración de justicia en las entidades federativas, a fin de delinear una estrategia conjunta que contribuya a mejorar el funcionamiento de la FEADLE y adelantó que en los próximos días, se sustituirá al actual titular de esa instancia de la PGR, Ricardo Nájera.
El CPJ entregó al Ejecutivo Federal un informe la situación de violencia contra periodistas en México en los últimos diez años. En el documento, difundido el pasado 3 de mayo, se hace especial énfasis en el caso de Veracruz, catalogado como un estado “letal” para el ejercicio del periodismo
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