La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no podrá pagar ni siquiera renta, agua, luz, telefonía e internet de sus instalaciones por el recorte de 75 por ciento de sus recursos dictada por el gobierno federal, según informó en un comunicado.
La CEAV informó que sus actividades esenciales quedarán frenadas y su funcionamiento paralizado debido a lo establecido por el gobierno federal en el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril.
La situación de este organismo es peor que la de otros organismos del gobierno federal, explicó la CEAV, porque ninguno de los inmuebles que lo albergan es de su propiedad, muchos de los servicios son subcontratados y buena parte de su personal ha sido contratado de forma irregular, además de que enfrenta más de 450 juicio de amparo y 46 juicios laborales.
Advirtió que aunque el organismo se encuentra en el supuesto de excepción del decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva.
De esa forma el recorte al presupuesto en sus capítulos 2000 y 3000, referentes a Materiales y Suministros y a Servicios Generales, afectará a la CEAV de muchas formas, desde las más básicas, según ejemplificó, como la de ni siquiera poder “pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país”.
En términos laborales, la mayor parte de los empleados son eventuales o por outsourcing y son pagados, con autorización de Hacienda, con recursos de los capítulos mencionados. El recorte también provocará el incumplimiento de contratos por 121.9 millones de pesos, lo que originará demandas millonarias.
Entre lo más urgente que se deberá dejar de atender por el recorte del gobierno federal son a 7 mil 200 víctimas que no recibirán atención psicológica, social, médica y orientación jurídica, además de que no podrán ser trasladadas a audiencias y diligencias. Tampoco se podrán tramitar mensualmente las medidas de ayuda a 5 mil de ellas, y si se consume el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (sobre el que se no se podrá tener control), no se podrá ayudarla con alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones y compensaciones.
Además, se perderá alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas, ni se podrán enfrentar los litigios de la CEAV.
El recorte podrá tener repercusiones a nivel nacional e internacional ya que no se podrán atender recomendaciones de las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México e incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre graves casos.
Las anteriores son sólo algunas de las muchas tareas y responsabilidades que el CEAV está en riesgo de incumplir con el recorte de 75 por ciento a sus recursos que ha establecido el gobierno federal.
En su comunicado la CEAV considera que “atender a las víctimas del Estado y garantizar sus derechos, es el único camino hacia la restauración del tejido social y la construcción de paz”.
