El proyecto de Reforma Electoral elaborado por el Poder Ejecutivo contempla, como lo adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum, el recorte de recursos a partidos, pero también la posibilidad de que funcionarios públicos promuevan consultas populares.
El documento completo fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, horas después de que una versión previa circulara en WhatsApp.
La versión previa prohibía las consultas populares de revocación de mandato, pero ese párrafo fue eliminado de la versión final, sin que se conozca el motivo.
La versión que recibieron los diputados tampoco habla de la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares del INE o de la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Tampoco toca el fuero a legisladores.
Y aunque prohíbe el uso de “dinero ilícito”, no incluye, como pidieron varias actores, la anulación de elecciones en caso que se pruebe la participación del crimen organizado.
A pesar de que la injerencia del crimen organizado ha sido uno de los reclamos más intensos, y que la presidenta ha dicho que la reforma responde a las exigencia de “la gente”, el tema no fue incluido.
Muy apenas prohíbe el uso de dinero ilícito y de manera ambigua, instruye al INE a mantenerse pendiente de las actividades financieras de partidos y candidatos, pero con fines de fiscalización. No se establecen sanciones concretas en caso de actividades ilegales.
Estos son los puntos principales de la propuesta de reforma:
1.- El INE tiene la facultad de promover las consultas populares, pero no en exclusiva. Funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno podrán promoverlas, siempre y cuando “no influyan en los resultados”. Se prohíbe contratar propaganda en medios y plataformas para difundir las consultas populares. Se podrá incluir el uso de tecnología para votar en dichas consultas.
2.- El financiamiento de los partidos políticos se recorta 25% en términos globales, pero en términos particulares, el partido con mayor número de votos recibe más dinero, es decir, Morena.
3.- Se prohíbe a partidos y candidatos recibir dinero o cualquier beneficio de parte de personas o entidades del extranjero.
4.- Se reducen los llamados tiempos fiscales, es decir, el tiempo aire que televisoras y radiodifusoras están obligadas a entregar para transmitir spots, tanto del INE como de los partidos. Se reduce de 48 a 35 minutos diarios en tiempo electoral.
5.- Se obliga a etiquetar cualquier contenido generado por Inteligencia Artificial y se castiga a los concesionarios de radio y televisión en caso de transmitir contenido no etiquetado.
6.- Se obliga a los partidos a favorecer candidaturas de personas de origen indígena y afromexicano, “así como de grupos históricamente subrepresentados”.
7.- Se instruye a las instituciones de justicia a coordinarse con el INE para dar información “relacionada con el registro de las candidaturas”, lo que puede entenderse como la verificación de antecedentes penales de candidatos.
8.- Tanto a nivel federal como local, los cómputos distritales se iniciarán “a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los Consejos Distritales”.
9.- El sistema financiero deberá monitorear “cotidianamente” durante periodos electorales todas las operaciones de partidos y candidatos y reportar sus hallazgos al INE para fines de fiscalización.
10.- Se prohíbe el financiamiento proveniente de actividades ilícitas. Se prohíben las aportaciones a partidos con dinero en efectivo. Las aportaciones a partidos y candidatos deberán reportarse al INE y no serán deducibles de impuestos. Se permiten aportaciones en especie, y éstas deben reportarse.
11.- Se eliminan las listas plurinominales para Diputados y Senadores. La Cámara de Diputados quedará conformada por 500 legisladores y la de Senadores por 96. Se establece la representación proporcional mediante un sistema de porcentajes. Se habla de diputados en el exterior.
12.- Se establece la posibilidad de mecanismos municipales y estatales de democracia directa. Se otorga a los Congresos locales la regulación de consultas populares en su zona y se le encarga a los OPLES la organización de dichas consultas locales.
El documento completo puede leerse AQUÍ
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