Después de que la ministra Norma Piña anunció que el Poder Judicial de la Federación solicitará un aumento presupuestal para el año próximo, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que ello es una “afrenta al pueblo” y que no aceptarán mensajes “mafiosos” ni “intimidatorios”.
Este lunes la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que el Poder Judicial solicitará un incremento presupuestal de 4 por ciento respecto al de 2023 para cumplir con sus obligaciones constitucionales, además de que reprobó los recortes que se han hecho a instituciones.
“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de derecho”, advirtió la ministra.
Además, mencionó que el próximo año se realizarán elecciones, por lo que consideró que “exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Sólo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente”.
Las declaraciones de la ministra fueron consideradas por Mier (quien se encuentra en plena precampaña para obtener la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla) como “una afrenta al pueblo de México”, y como mensajes “mafiosos” e intimidatorios”, ni más ni menos. En medio del conflicto entre el Poder Judicial y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el diputado agregó que la advertencia de que si rechazan la solicitud no de podría garantizar la transmisión pacífica del poder y la estabilidad democrática, “pone en entredicho la aplicación pronta, expedita y gratuita de la justicia en México”.
Reincidió en el discurso de la “austeridad” al decir que revisarán “con lupa” la anunciada solicitud del Poder Judicial para el Presupuesto de Egresos de 2024, ya que, dijo, hay más de 21 funcionarios que ganan más de 500 mil pesos mensuales.
Mier comentó que aún no son los tiempos porque el periodo legislativo no ha iniciado ni tampoco los diputados han recibido el paquete presupuestal para 2024, y hasta reclamó que “no son las formas”.
Además, dijo que “no tiene precedentes” una reunión como la que encabezó este lunes Piña, en la que estuvieron integrantes de la SCJN, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que calificó hasta de “oprobioso” para la división de poderes, despropósito en las formas, según él.
También denunció que la reunión del Poder Judicial y los dichos de Piña se realiza en pleno proceso electoral, cuando este todavía no inicia legalmente, lo que ocurrirá hasta septiembre (al respecto, no está de más anotar que Mier se acaba de negar a retirar anuncios espectaculares en los que aparece, porque los considera productos de mercado colocados por una empresa y por su posición política). Ello no obstó para que Mier hablará de “ebullición electoral”, con plena ignorancia de los plazos legales para los comicios.
Agregó que invitarán a Piña para que asista a la Cámara de Diputados “a explicar los sobresalarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México los integrantes de la SCJN”.
Con esas formas, Mier añadió que “en Morena estamos abiertos al diálogo”.
Apenas el pasado 15 de agosto Mier, aunque no eran tiempos, faltaban semanas para el inicio del periodo legislativo ni tampoco tenía (ni tiene) el paquete presupuestal, anunció que alistaban un recorte al Poder Judicial de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos porque, según él, había un gasto excesivo porque “es para los lujos, privilegios y excesos que tienen (los ministros); para garantizar sus pensiones vitalicias, el cien por ciento de su sueldo, casi para garantizar mantenimiento a sus domicilios particulares y para mantener las escoltas”.
En esa misma fecha Mier se negó a que se hiciera una auditoría a la elaboración de los libros de texto gratuitos, pero ahora revisará “con lupa” la solicitud presupuestal del Poder Judicial.
