Aun cuando para el presidente Andrés Manuel López Obrador su más reciente iniciativa de reforma eléctrica traerá desarrollo al país, su implementación implicaría el pago de millonarias indemnizaciones para inversionistas nacionales e internacionales, llegando a costar hasta 15 veces lo que costó la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.
De acuerdo con especialistas en el área, aplicar la reforma eléctrica provocaría una gran cantidad de litigios entre el gobierno federal y empresas y gobiernos. Los litigios alcanzarían instancias internacionales.
En el webinar “Amenazas de la contrarreforma constitucional en materia energética y medios de defensa” el experto Gerardo Prado dijo que “las indemnizaciones a cubrir a los inversionistas y estados involucrados, pueden ser enormes, se habla de 10 o 15 veces lo que significó la cancelación del aeropuerto de Texcoco”, que fue, según cifras conservadoras, del orden de los 113 mil millones de pesos.
A su vez, la subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex, Myriam Ruvalcaba, dijo que “vamos a ver altos costos por todas estas demandas que pueden surgir como respuesta de los inversionistas a este cambio de reglas; incluso bajo T-MEC se puede considerar que esto es una expropiación indirecta, dado que hay un cambio muy significativo en las reglas”, señaló Myriam Rubalcava, subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex.
Según un reporte de Reforma, en este evento varios expertos ofrecieron su parecer sobre el impacto económico que traería la implementación de la nueva propuesta de reforma, que plantea devolverle la preponderancia del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad.
Verónica Esquivel señaló que de acuerdo a diversos estudios, los proceso de arbitraje entre el Estado y los inversionistas podrían llevar hasta 5 años y acarrear elevados costos en gastos de defensa y pago de sanciones en contra de México.
El presidente López Obrador ha asegurado que la ley vigente “prohíbe” a la CFE producir más allá de cierta cantidad de electricidad y la “obliga” a dar preferencia a empresas privadas para la compra de fluido eléctrico.
Ahora, según la ley vigente, aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el orden de despacho del fluido, es decir, a qué proveedores se les compra con preferencia sobre otros, debe estar regido por criterios de calidad y eficiencia.
De acuerdo a la iniciativa de AMLO, la CFE será el proveedor preferente del mercado eléctrico nacional, sin importar si su eficiencia o calidad es superior o inferior a la de los proveedores privados. Asimismo, deberá surtir el 54% de la energía y no menos.
AMLO ha señalado que eso no es un monopolio, ya que seguirá existiendo la participación privada. Sin embargo, sí se obligaría por ley a las empresas privadas a ponerse en segundo lugar tras la CFE, sin importar criterios de calidad.
Debido a que numerosos contratos vigentes se hicieron al amparo de tratados internacionales, las empresas afectadas podrán recurrir a tribunales internacionales para demandar al Estado mexicano.
*ofv
