México sigue siendo, año tras año, uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los medios y “continúa hundiéndose en la infernal espiral de la impunidad”, advirtió Reporteros Sin Fronteras (RSF) al dar a conocer el informe “Bajo Riesgo” donde emitió a nuestro país 21 recomendaciones para superar las deficiencias en los programas y mecanismo de protección para periodistas.
De acuerdo con el reporte difundido por dicho organismo internacional, México sigue ubicado en el lugar 143 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que mide los riesgos para ejercer el periodismo en 180 países, “la colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles”.
Cuando los periodistas investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado -especialmente a nivel local-, sufren amenazas e intimidaciones, y pueden ser asesinados a sangre fría.
“Y aunque numerosos periodistas han desaparecido en el país y otros se han visto obligados a exiliarse para ponerse a salvo, el presidente López Obrador, en el poder desde diciembre de 2018, aún no ha acometido las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa y la impunidad”, resaltó.
En este sentido, Reporteros Sin Fronteras emitió una serie de recomendaciones a la administración de López Obrador para fortalecer el mecanismo federal para protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Sobre el caso de México, en donde se han registrado seis asesinatos de informadores en los dos primeros meses de este 2022, remarcó que faltan recursos y responsabilidades antes las agresiones y destacó que los poderosos estigmatizan la violencia.
De acuerdo con la actualización del “mapa” de periodistas asesinados en México de la Asociación Propuesta Cívica, en lo que va de la administración del presidente López Obrador 59 periodistas han sido asesinados y uno se encuentra en calidad de desaparecido.
Para Reporteros Sin Fronteras, “estos asesinatos sólo son la punta del iceberg de las violencias perpetradas contra la prensa y la forma más visible y extrema de la censura que se aplica de facto contra la información”.
RSF destacó que también existen otros tipos de agresiones contra los periodistas como las amenazas, secuestros, o detenciones arbitrarias, en las que pueden enfrentarse a procedimientos judiciales abusivos, actos de espionaje o la destrucción de su material de trabajo.
El informe señaló que la mayor parte de los asesinatos y agresiones contra comunicadores mexicanos se concentraron en estados con intensa presencia del crimen organizado en donde muchos de los reporteros asesinados cubrían noticias sobre corrupción, narcotráfico, violencia y seguridad pública.
“En algunas regiones del país, la violencia y la intimidación fueron perpetradas por grupos armados que aparentemente mantenían vínculos con grupos políticos”, destacó.
Entre las recomendaciones emitidas por Reporteros Sin Fronteras y que pueden consultarte completas en su página web, la organización internacional sugiere una “ampliación urgente del compromiso de los órganos federales, estatales y locales con la corresponsabilidad de la política de protección, dotando de mayor fortaleza institucional al mecanismo como órgano coordinador nacional”.
También recomienda fortalecer, en el corto plazo, la participación estratégica de las distintas autoridades federales en la Junta de Gobierno, así como de organismos públicos que contribuyan al fortalecimiento de una visión de protección integral, con enfoques diferenciados, y de enfrentamiento a las causas estructurales de violencia.
En cuanto a medidas de protección RSF advierte que deben ampliarse las medidas de protección integral disponibles – incluyendo medidas de autoprotección, atención en salud mental, apoyo psicosocial y legal y medidas de seguridad digital – y celeridad procesal para la adecuación de los planes de protección ante la detección de cambios en la situación de riesgo de los beneficiarios.
En materia de procedimientos, RSF conmina al gobierno mexicano a cumplir para el 2022, con los plazos establecidos por la ley para la incorporación al mecanismo y para la implementación plena de los planes de protección, con adopción de procedimientos para la recepción y tramitación simplificada de solicitudes. “La adopción de planes bien estructurados y eficientes puede verse seriamente comprometida si continúan sin ser implementados en su plenitud, como ocurre en muchos casos”, agregó.
