El presidente de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales admitió a trámite los incidentes de inejecución de sentencia, relacionados con los amparos interpuestos en contra de la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR) para crear una Comisión de la Verdad para investigar el caso Ayotzinapa.
El ministro Antonio Gutiérrez Ortiz Mena será el responsable de elaborar el proyecto sobre estos recursos legales que promovieron diferentes quejosos para inconformarse con la respuesta de la PGR a la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito que le ordenaba la creación de dicha instancia para reabrir las indagatorias sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero.
Con el análisis que los ministros de la SCJN harán de estos amparos, se busca determinar si el mencionado tribunal, con sede en Tamaulipas, se extralimitó en su sentencia y si es procedente o no la creación de la Comisión de la Verdad.
“El Ministro Presidente admitió a trámite los incidentes de inejecución de sentencia atendiendo al derecho a la prontitud en la administración de justicia, y ante la reiterada manifestación de la PGR, así como de manifestaciones de la CNDH, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, relacionadas directa o indirectamente con causas de imposibilidad jurídica para cumplir los amparos”, informó la Corte en un comunicado.
La decisión de la SCJN se origina en el contexto de las diferencias de criterio de sobre la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa; tras la resolución emitida en junio por el Tribunal Colegiado ya mencionado, tanto la PGR como la CNDH consideraron que se violaría la Constitución, toda vez que la realización de la investigación es atribución exclusiva del Ministerio Público Federal.
Incluso, la PGR argumentando imposibilidad jurídica promovió un recurso de impugnación y logró que un Tribunal Unitario suspendiera la orden. No obstante, el pasado 20 de septiembre, el tribunal de Tamaulipas insistió en que sí es procedente y de esta forma, validó los amparos interpuestos por presuntos integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, sentenciados por su supuesta participación en los hechos del 26 de septiembre de 2014.
Con la resolución del Tribunal Colegiado, además de ordenar la creación de la comisión, revocó el auto de formal prisión que se les dictó a ocho indiciados y prevé que se reponga el proceso de instrucción en estos casos. Asimismo, instruye que peritos independientes, conforme al Protocolo de Estambul resuelvan si los acusados fueron objeto de tortura, como lo ha argumentado su defensa.
arg
