Al igual que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, atacó a la ONU con respecto al tema de los desparecidos y de la tragedia en el Rancho Izaguirre. Según ella, el Estado ya no viola derechos humanos ni desaparece personas.
Desde Acapulco, la misma funcionaria que ha cerrado los ojos ante numerosos casos ocurridos durante el gobierno de la 4T, se mostró aguerrida para atacar a la ONU, la cual, aseguró, nunca dijo nada durante el periodo de la “guerra sucia” en Méxido, cuando gobernaba el PRI.
Lo anterior es falso. A lo largo de muchos años y también de manera reciente, la ONU ha hecho recurrentes llamados al Estado mexicano para que investigue y castigue los crímenes cometidos durante ese periodo.
Piedra agregó que lo que quiere el organismo internacional es “pisotear la democracia” mexicana, que se encuentra “en ciernes” y advirtió que no va a permitir que ningún funcionario de la ONU intervenga en México en el tema.
“¡La ONU no va a hacer nada aquí, no lo vamos a permitir! Quienes se dicen defensores de la democracia mundial quieren venir a pisotear la democracia que está en ciernes en este país”, arengó, durante un evento realizado en el puerto.
Según ella, su madre y “todas las doñas se cansaron de tocar las puertas de la Organización de las Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, de todos esos organismos internacionales, sacaban sus boletincitos pero jamás atacaron al gobierno como lo están haciendo ahora”.
Para la funcionaria afín a la 4T, las desapariciones forzadas desde el Estado son cosa del pasado. “Es algo que el pueblo de México no debe olvidar, debemos garantizar que esas persecuciones sangrientas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, atropellos que cometió el Estado mexicano, no vuelvan a ocurrir nunca más”.
Y fue más allá: “El caso del Rancho Izaguirre es un delito cometido por particulares, no por el Estado”.
Piedra se hizo eco así de las diatribas de Noroña que este jueves, desde la tribuna del Senado incluso exigió una sanción contra el titular del Comité Contra la Desaparición Forzada, Olivier Frouville pues actúa “de manera facciosa”. El funcionario afirmó que en México existen desapariciones sistemáticas y generalizadas, lo que causó la furia del oficialismo.
“Si él no retira sus aseveraciones nosotros estamos trabajando un documento para pedir la sanción que corresponda a un funcionario que está actuando de manera facciosa. Es un tema delicadísimo, las desapariciones forzadas son delitos de lesa humanidad… Yo no voy a decirles qué tipo de sanción, pues ellos sabrán dependiendo la gravedad de lo que hizo”, dijo.
Un día antes, el senador había negado que en México hubiera desapariciones desde el Estado. En diversas declaraciones, madres buscadoras desmintieron a Noroña, pues dieron testimonio de desapariciones forzadas cometidas por policías y soldados uniformados, lo cual califica como desaparición efectuada por el Estado.
Los dichos de Noroña provocaron una serie de protestas por parte de colectivos de madres buscadoras, quienes “clausuraron” de manera simbólica el Senado este 10 de abril y pegaron en rejas y banquetas fichas de búsqueda. Prácticamente de inmediato, Noroña mandó al personal de limpieza que retirara todo rastro de la protesta, lo que se documentó en redes sociales.
El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum también cargó contra la ONU, pues según ella, en México ya no existen desapariciones “desde el Estado”.
“Lo rechazamos. Porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada, y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatirlo” y dijo que enviaría una nota para expresar su “inconformidad” con los dichos del organismo.
El martes 8 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, mediante tu titular Olivier de Frouville, declaró que el CED podría llevar el tema de la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU, amparado en el Artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
En comunicado de prensa, el Comité declaró lo siguiente:
“Al clausurar su 28º período de sesiones el 4 de abril de 2025, conforme la práctica establecida, el Presidente del Comité contra la Desaparición Forzada anunció públicamente todas las decisiones adoptadas por el Comité durante ese período de sesiones. Entre este contexto, explicó que el Comité había decidido activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención con respecto a la situación de México.
“El artículo 34 de la Convención dispone que ‘si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas'”.
Agrega que “el Comité también observa que entre el «derecho internacional aplicable», el Estatuto de Roma de la Corte Internacional -del cual México es parte- establece que las desapariciones forzadas son perpetradas «por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia», contemplando así la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean cometidas directamente por «organizaciones políticas» distintas del Estado”.
Es decir, que el ONU analiza la permisividad del gobierno de Claudia Sheinbaum respecto a las desapariciones cometidas por los carteles.
Desde inicios de semana, la maquinaria oficialista la ha emprendido contra la ONU para negar que en el país las desapariciones sean sistemáticas y generalizadas.
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