El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por seis votos contra cinco, se pronunció a favor de la constitucionalidad de una consulta popular para proceder contra “actores políticos” de los años pasados. Cambió la pregunta planteada por el Ejecutivo y determinó que serán puestos a consulta garantías y derechos consagrados en la Constitución y las leyes.
En la sesión se discutió el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que señalaba la inconstitucionalidad de la consulta popular, por el que votaron los ministros Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, además del ministro ponente.
A favor de la constitucionalidad de la consulta votaron el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (quien, como señalaron varios especialistas, de manera atípica fue el primero en intervenir en la sesión y en contra del proyecto del ministro Aguilar), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yazmín Esquivel Mossa, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Ríos Farjat.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, expresó su postura a favor de la constitucionalidad de la consulta, para lo cual alegó que “no podemos cerrar las puerta a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos de una democracia débil o mal entendida no se solucionan clausurando los debates sobre la libertad de expresión o la participación ciudadana”.
Asimismo, dijo que la consulta no podría tener efectos vinculantes para las autoridades encargadas de la política criminal, “en el sentido de obligarlas a actuar o no en función de sus atribuciones”. Y mencionó que no se someterá a consulta si deben violarse los derechos humanos.
En su intervención el ministro Laynez Potisek expresó que, aunque la participación de la sociedad es importante, la justicia no se consulta. Además señaló que si no hay efectos vinculatorios se puede consultar sobre cualquier cosa, además de aclarar que los ministros no están en el cargo por popularidad.
Por su parte Piña Hernández manifestó que la consulta es inconstitucional debido a que se busca consultar si se deben respetar garantías y derechos de víctimas de delito: “Las leyes no establecen obstáculo alguno para llevar a la justicia penal a expresidentes que hayan cometido algún delito”. Y añadió que su responsabilidad era no ceder a más presiones que las que le dicta la Constitución. Y recalcó que el Estado tiene la obligación de perseguir y castigar los presuntos delitos de las personas sin distinción de cargos.
González Alcántara dijo que la materia de la consulta es inconstitucional y que “la limitación de procesos de toma de decisión no es en sí misma antidemocrática, no puede ni debe pasar por alto que los derechos son conquista histórica de los mexicanos”.
Por el otro lado los ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Ríos Farjat se pronunciaron por la constitucionalidad de la consulta, pero solicitaron modificar la pregunta, mientras que Yazmín Esquivel arguyó que lo que se consultará es la función social de los expresidentes. En un sentido similar se pronunció Pérez Dayán, quien sólo objetó la pregunta.
Tras un receso, la SCJN, por ocho votos contra tres, cambió la pregunta de la consulta, que quedó de la siguiente forma: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
En pocas palabras, la consulta popular aprobada por la SCJN ya ni siquiera será sobre la comisión de delitos por los expresidentes (ahora, en sentido estricto y por hacer mención a “los años pasados”, debe incluirse al propio presidente Andrés Manuel López Obrador y muchos otros funcionarios y políticos) ni de sanción, sino que, prácticamente, será acerca de si se ejercen derechos y aplican garantías de las víctimas de delitos.
La pregunta que fue planteada por el titular del Poder Ejecutivo es la siguiente: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Lo que sigue es que la SCJN envíe su resolución en el Senado, donde deberá ser aprobada por mayoría simple, y pasará a la Cámara de Diputados para un procedimiento similar. De allí será enviada al Instituto Nacional Electoral (INE).
Acerca de la consulta popular el consejero presidente explicó a finales de agosto que no podrá empatarse con las elecciones de 2021 porque la Constitución así lo establece. Además, afirmó que el presupuesto que se requiere para la consulta es el mismo que para las elecciones del 6 de junio del año próximo, es decir, unos 8 mil 168 millones de pesos.
Mientras los ministros deliberaban, y pese a que la sesión del Pleno de la SCJN se realizó de manera virtual, afuera de la sede del órgano unos 300 seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron para demandar que fuera declarada constitucional la consulta.
