Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó dar curso a las impugnaciones presentadas en contra de la “Ley Bonilla” por parte de diversos partidos de oposición, rechazó suspender su aplicación ya que no se trata aún de un hecho consumado debido a que Jaime Bonilla aún no toma posesión como gobernador de Baja California.
El ministro José Fernando Salas admitió las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron los partidos de oposición en Baja California–PRI, PAN, PRD y MC–en contra de la reforma constitucional que amplió el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años.
“Se tiene por presentados a los promoventes y se admiten a trámite las acciones de inconstitucionalidad que hacen valer” señaló en un acuerdo emitido este jueves.
Aclara que la admisión de los recursos presentados no implican la suspensión de dicha reforma, ya que a pesar de la cercanía de la toma de posesión (el 1 de noviembre próximo) no se consideran consumados los hechos.
Aclaró que “no es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos” y en caso de resolver a favor de los demandantes, la sentencia se aplicará.
La sentencia sobre las controversias interpuestas puede tomar meses, ya que no existen términos establecidos para que la SCJN dicte sentencias.
Las controversias interpuestas por los partidos se suman a la presentada el lunes por el gobierno en funciones de Baja California, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid.
El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, informó que presentaron una controversia constitucional. “Esperamos que en un escenario óptimo resuelvan -antes de que inicie el nuevo gobierno- para dar certeza jurídica”, dijo el martes 22.
Sin embargo, todo parece indicar que la SCJN no se dará prisa en resolver las controversias y que el nuevo gobierno en BC iniciará bajo el supuesto de que el periodo de gobierno durará cinco años.
