Por mayoría de votos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el pasado miércoles a la Procuraduría General de la República (PGR) hacer pública la información existente sobre los casos de desaparición forzada cometidos durante la llamada “guerra sucia” en los años 70 y los 80. El objetivo, según la SCJN, es ayudar a construir la verdad de estos hechos.
El proyecto sostiene que la información requerida no está sujeta a reservas de confidencialidad al tratarse de un delito de lesa humanidad, en este caso debe prevalecer el principio de máxima seguridad, por encima del derecho a la protección de datos personales.
En su sesión de hoy, la Corte amparó a una particular para que tenga acceso a los nombres de las víctimas de cada una de las 135 averiguaciones previas concluidas sobre desapariciones forzada en ese periodo.
Cabe destacar que la resolución deriva de la negativa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), de ordenar el acceso a los nombres de las víctimas de las referidas averiguaciones previas, en resolución dictada el 13 de mayo de 2015.
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán surge después de un extenso proceso, iniciado por Mariana Mas Minetti, integrante de la Open Society Justice Iniciative, quien solicitó dichos datos a la PGR a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (Inai), Pero la Procuraduría, en respuesta a varias solicitudes, dice que no cuenta con esta clase de información entre sus archivos.
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