La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la creación de la Comisión para la Verdad y Justicia ordenada para reponer la investigación sobre el Caso Iguala, no puede detenerse.
A través de un acuerdo, el ministro presidente Luis María Aguilar Morales determinó que la Corte no tiene competencia para conocer las quejas que Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron en contra de la formación de la comisión.
De acuerdo con el reporte de Milenio, la única vía por la cual la máxima instancia judicial puede atraer el asunto, es a través de un incidente de inejecución de sentencia, es decir, por el desacato en que puede incurrir la PGR y el presidente Enrique Peña Nieto, si no cumplen con los amparos que fueron otorgados a presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Por lo anterior, la PGR y la oficina de la Presidencia tienen un plazo de tres días para manifestar al Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito si existe un impedimento legal para dar cumplimiento al fallo emitido.
Si el Tercer Tribunal acepta los recursos, y una vez abierto el incidente de inejecución de la sentencia, los magistrados podrán hacer del conocimiento del caso a la SCJN para que, en su caso y en su momento, se valore la posibilidad de solicitar su atracción.
La semana pasada, el Tercer Tribunal ordenó suspender, de momento, “el trámite de la ejecución de cumplimiento de la sentencia de amparo” luego de que la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) argumentaron su “imposibilidad jurídica” para cumplir con la sentencia.
A principios de junio, por unanimidad, magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenaron reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa al concluir que la investigación de la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Para ello, se ordenó entre otras medidas, la creación de una comisión a integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Incluso podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
