En su batalla contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la que es integrante, Lenia Batres ha recibido cada vez más contundentes respuestas que dejan ver su desconocimiento de su funcionamiento y de sus materias.
Como se anunciaba desde que la postuló el presidente Andrés Manuel López Obrador, Batres se ha erigido en un ariete interno, una quintacolumnista contra el máximo tribunal. Así ha actuado en los días recientes, pero los ministros y el propio órgano ya le han dado respuesta.
El jueves pasado, en su presentación en los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, Batres se lanzó contra este con la acusación de que brinda mayor atención a los poderes fácticos antes que a los ciudadanos, lo que pretendió sostener con datos que son engañosos.
Sobre su dicho, la autodenominada “ministra del pueblo” afirmó que “no es una apreciación subjetiva: de cerca de 258 mil tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, sólo 195 se refieren a derecho a la salud; 70, al derecho a la educación; 30, al derecho a la vivienda, y apenas 13 al derecho al agua. En contraste, se han emitido 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria; mil 387 sobre el derecho de propiedad privada, y 891 sobre libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano”.
Sobre ello, después de algunas intervenciones a Batres le llegó la respuesta por parte del ministro Luis María Aguilar Morales, que estaba sentado junto a ella y quien le aclaró el por qué de esas cifras: “¿Por qué hay unos criterios en unas materias más que en otras? Porque los tribunales recibimos las demandas de los justiciables. Los ministros, los jueces, no eligen los temas que han de conocer; los elige la propia ciudadanía al presentarlos”.
Pero Batres no entendió; así, en un foro de Morena realizado en Nezahualcóyotl, Estado de México, al lado de personajes como Hamlet García Almaguer, diputado de ese partido y miembro de La Luz del Mundo, y de Rafael Barajas, El Fisgón, hoy defensor de los chapulines que han llegado a militar a ese partido, la “ministra del pueblo” insistió en sus cifras sin mencionar la razón de ellas.
Por el contrario, quiso dar otra razón sobre las tesis de la SCJN: “eximir del pago de impuestos”. Así, afirmó: “¿Quién creen ustedes que mete esas demandas? (…) No son las demandas que metemos en general cuando alguien acude a un juez por un problema grande, mayor, no para no pagar impuestos, en general. ¿Quiénes no quieren pagar impuestos en nuestro país? No todos los ricos, pero sí hay unos que se resisten a pagar impuestos y la primera forma en que lo combaten es ir a meter demandas”.
Por ello Batres se atrevió a recriminar: “No nos ha servido la Suprema Corte y el Poder Judicial para defender los derechos cotidianos de las personas. De repente ayuda y ha tenido la sensibilidad de tener criterios respecto de algunos temas sobre las pensiones o sobre la familia, pero son chiquitos, son minúsculos, frente a los grandes problemas cotidianos de la gente”.
Sin embargo, el propio domingo la SCJN inició una campaña contra la desinformación que se ha diseminado contra su labor, en la que, indudablemente, ha participado la “ministra del pueblo”, por la cual busca difundir ampliamente sentencias “que han impactado en la vida de las personas, excluidas, marginadas y en situación de vulnerabilidad de nuestro país”.
Así, la SCJN, al contrario de lo postulado por Batres, difundirá sentencias en materias como el derecho a la igualdad y no discriminación, propiedad intelectual, libertad religiosa, salud y temas como la infancia, personas discapacitadas, migrantes, pueblos originarios, comunidad LGBT+ y migrantes, entre otros.
Hasta el momento la SCJN ha publicado algunos casos con sus sentencias: sobre cirugías plásticas de reafirmación de género, el de reparación integral del daño causado a una niña que no fue operada oportunamente en un hospital público y el acceso a la educación de un infante con discapacidad intelectual multisistémica.
Pero la “ministra del pueblo” dice que la SCJN no ha servido para defender los derechos cotidianos de las personas.