La Secretaría de Gobernación planeó en agosto de 2014 destinar recursos en el área de obras de mantenimiento para cuatro penales de máxima seguridad, entre ellos el del Altiplano, Estado de México, del cual escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán este sábado.
La decisión se tomó al reportar múltiples deficiencias en áreas sensibles de seguridad en los centros de readaptación, mismas que se han registrado, al menos, desde 2013.
Sin embargo, los proyectos de rehabilitación de las instalaciones no se llevó a cabo por la sobrepoblación (estimada en un 44%) que existe en el sistema penitenciario, de acuerdo a una justificación escrita de José Francisco Layseca Basurto, director de Obra Pública, Recursos Materiales y Servicios Generales del órgano de Prevención y Readaptación Social de la Segob, actualmente interrogado por la SEIDO por su presunta participación en el escape del líder Cártel de Sinaloa.
El proyecto que contemplaba una inversión de 608 millones de pesos a dos años para realizar 35 acciones de mantenimiento en “áreas muy sensibles para la seguridad del penal, como son: las torres de vigilancia, muro perimetral, rondín de vigilancia, subestaciones eléctrica, almacén de residuos peligrosos por señalar algunos”.
Otras áreas consideradas fueron las áreas de contacto directo con los internos como dormitorios, comedores, zona de visita íntima, talleres y consultorios médicos.
En el oficio de dicho plan, donde se incluye la justificación de Layseca, se lee lo siguiente: “los cuatro Ceferesos han tenido que ser utilizados a pesar de que no se han realizado al 100% las adecuaciones físicas y actualizaciones tecnológicas requeridas para escalar las condiciones de seguridad de las instalaciones, debido a la presión que ejerce la carencia de espacios de reclusión”.
Los recursos para este plan de rehabilitación no estaban contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2015. Sin embargo, el 55% del dinero destinado provenía del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura Pública y de Aeronaves, creado el sexenio pasado por la extinta Secretaría de Seguridad Pública, del cual la Segob puede disponer sin importar que sobrepase el límite establecido.
Hasta el momento, la dependencia federal no ha publicado información sobre algún contrato realizado para ejecutar dicho proyecto, que se suponía empezaría en septiembre pasado. Esto se puede deber a que la Segob no suele difundir este tipo de información al considerar que vulnera la seguridad nacional.
(Con información de Reforma)
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