La historia del sexenio del presidente Peña Nieto en materia de seguridad puede dividirse en dos etapas. La primera se caracterizó por aquella famosa frase de la revista The Economist: “no saben que no saben”. Quienes idearon la estrategia (por llamarla de alguna manera) pensaron que bastaría con tres cosas: a) desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública e integrar sus funciones en Gobernación; b) decretar a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno como el eje fundamental de la política de seguridad, como si la inseguridad fuera un problema de gestión y no de un desbalance entre poderío del crimen y debilidades institucionales y, c) no hablar mucho del tema en los medios de comunicación, para que a la gente se le olvidara problema.
La realidad, comenzando por Ayotzinapa y su continuación en la ola de violencia imparable desde enero de 2015 —que ya llegó a 90 homicidios dolosos diarios en promedio el pasado mes de octubre; la cifra más alta del sexenio pasado fueron 80— les demostró que estaban equivocados. La segunda parte de la estrategia consistió en aventar la toalla y pedir a la sociedad civil que no haga bullying. El saldo difícilmente es bueno, pues habremos perdido un sexenio para avanzar en el objetivo de tener una sociedad más segura.
Lo anterior viene a cuento porque en el programa de gobierno que presentó el equipo de López Obrador el lunes pasado, lo que uno encuentra en los seis apartados que componen el capítulo Sociedad Segura y Estado de Derecho —Profesionalización y honestidad del ministerio público; Profesionalización y coordinación de la seguridad; Prevención social de la violencia y del delito; Mejorar la procuración de justicia y reducir la impunidad; Sociedad segura, y Recuperar la paz enfrentando las causas de la inseguridad— es, en primer lugar la abundancia repetitiva y desordenada de lugares comunes, con muy poca sustancia y, desgraciadamente, con una buena dosis de ignorancia, pero llena de frases políticamente correctas. Si esas propuestas se convirtieran en la política de seguridad, corremos el riesgo de repetir la historia y perder otro sexenio. Evidentemente es imposible analizar en una cuartilla todo el documento. Pero una primera lectura revela que no se tiene un conocimiento profundo de la situación de debilidad de las instituciones de seguridad y justicia (que la reducen al tema de la corrupción, el mantra infaltable) ni de la complejidad del fenómeno delictivo, por lo que no existe un planteamiento integral, ordenado, coherente y serio de la reconstrucción institucional que está pendiente ni de las estrategias diferenciadas contra la multiplicidad de organizaciones criminales. Todo son propuestas muy generales, buenos deseos y frases políticamente correctas: capacitación, profesionalización, mejoramiento de las condiciones laborales y salariales, priorizar uso de la inteligencia sobre la fuerza; coordinación entre las instancias de seguridad y procuración de justicia; cero tolerancia a la corrupción; acabar con el desempleo y la deserción escolar, etcétera.
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