El semanario Zeta, de Tijuana, denunció ayer que recibió ataques del secretario general de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, quien, tras dos reportajes de la revista en los que se ha denunciado su vinculación con presuntos actos de corrupción, declaró que la publicación está enojada, “primero porque no se le compra publicidad”.
Sin embargo, la publicación de inmediato aclaró que “no ha elaborado ni convenido una propuesta de publicidad con el gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez. Ni nosotros hemos solicitado publicidad, ni del Gobierno Estatal nos la han ofrecido”.
El funcionario (quien ha sido uno de los más activos promotores y defensores de la llamada Ley Bonilla, que alarga el periodo del gobernador de dos a cinco años) dijo que las denuncias presentadas por el semanario, pese a estar sustentadas en investigaciones oficiales, son “chismes” y ataques”.
Asimismo, el semanario denunció que durante una conferencia de prensa a la que el gobierno estatal sólo convocó a algunos medios (Televisa, Canal 66 y La Voz de la Frontera), Rodríguez Lozano atacó de forma personal a la codirectora de Zeta, Adela Navarro Bello.
El servidor público afirmó que Zeta está enojado no sólo por la falta de publicidad, sino “porque estamos investigando supuestamente a la pareja sentimental de Adela Navarro, que es Gustavo de Hoyos Walther. Yo supongo que esas son las razones por las cuales Adela inventa cosas”.
Agregó que en el caso de De Hoyos, dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), “hemos encontrado que tiene contratos de asesorías millonarios de 7 millones de pesos por prácticamente no hacer nada”.
Para Zeta, las acusaciones del secretario de Gobierno “constituyen un atentado a la libertad de expresión, que denunciaremos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y los organismos internacionales de protección y defensa de los periodistas”.
Zeta aclaró que “desde hace 39 años ejercemos el periodismo de investigación sin cortapisas. Apegados a los principios de la ética del periodismo y comprometidos con nuestra sociedad y nuestros lectores, siempre probando las publicaciones que realizamos con rigor periodístico, y respondiendo exclusivamente al interés de la libertad de expresión y el periodismo en México”.
Mediante un comunicado, la tarde de ayer el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, expresó que las investigaciones de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública deben ser concluidas.
Sin referirse directamente a las declaraciones de Rodríguez Lozano, en su comunicado el gobierno del estado manifestó que “de la misma forma reitera su respeto a los periodistas de Baja California y a la libre expresión, porque todo aquello que se ha señalado con respecto a este y otros casos, resulta de utilidad para mantener informada a la población, y por lo mismo, también será parte de lo que se habrá de revisar”.
Los reportajes de Zeta que provocaron los ataques de Rodríguez Lozano fueron los de sus ediciones 2383 y 2384, que han circulado en las recientes semanas, en los que, basados en documentos que constan en una investigación de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, relacionan al funcionario en presuntos actos de corrupción cuando la anterior secretaria de Bienestar, Cynthia García Soberanes, pidió 20 millones de pesos a un empresario a cambio de otorgarle contratos de proveeduría.
