Este martes, el pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad, la reforma a la Ley General de Educación, que defiende la revalidación de estudios a inmigrantes mexicanos deportados de Estados Unidos, así como el ingreso al sistema educativo nacional y la flexibilización de todos los trámites correspondientes.
La modificación aprobada con 107 votos también beneficiará a refugiados y asilados que deseen obtener su equivalencia de estudios, informó el Senado en un comunicado.
“Para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la educación en el nivel básico, se eleva a rango de ley la facultad de las autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de vigilar que las autoridades escolares locales cumplan con las normas establecidas”.
En este sentido, las universidades deberán simplificar los procedimientos de ingreso. Además, estarán obligadas a promover la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del sistema educativo nacional.
Y las escuelas que no cumplan estas disposiciones serán sancionadas con “cinco mil veces el salario mínimo vigente”, e incluso con “el retiro del registro de validez oficial” emitido por la SEP.
La reforma impulsada por el presidente Enrique Peña a través de una iniciativa preferente, fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y contempla que las nuevas medidas estarán dirigidas preferentemente a quienes enfrenten situación de vulnerabilidad por su situación migratoria.
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