Compartir

El Senado de la República aprobó las reformas legales para prohibir las denominadas terapias de reorientación sexual, con las que se pretendía corregir lo que algunos consideran desviaciones y que va en contra de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+. Dos senadores panistas votaron en contra.

En su sesión de este martes, el Pleno del Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para prohibir y penalizar las llamadas terapias de reconversión sexual con 69 votos a favor, dos en contra y 16 abstenciones.

De esa forma, se agregará un Capítulo IX Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas al Código Penal, así como un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud.

Así, quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de esos servicios que afecte la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona será castigado con de dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Los dos votos en contra de la reforma fueron de los panistas José Alfredo Botello Montes y Víctor Oswaldo Fuentes Solís. El primero refirió que con el dictamen aprobado se impide que los pedófilos y pederastas puedan ser atendidos por un especialista en salud mental, lo que aumenta el riesgo de reincidencia de daños a niños y adolescentes.

Por su parte, Fuentes Solís solicitó que la iniciativa de dictamen para reformar la Ley de Salud fuera retirada y que fuera enviada a la Comisión de Salud, donde el tema sería debatido con expertos. Dijo que tiene “amigos gays, amigas lesbianas a las cuales respeto, quiero, admiro; sin embargo, lo que viene aquí en la redacción es prohibir cualquier terapia”. Y alegó que como viene la redacción del dictamen “prácticamente cualquier profesional (psiquiatra, psicólogo) que decida hacer, porque una persona se lo solicitó, una terapia de orientación sexual, va a la cárcel. Eso atenta contra los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos profesionales y es un atentado contra la libertad humana”.

Autor