Desde el sexenio de Vicente Fox y a lo largo de las últimas cuatro administraciones, incluyendo de la de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal se entregaron contratos por casi 11 mil 500 millones de pesos a empresas fantasma, es decir, que no existen formalmente y se crean para acceder a recursos públicos, pero no cuentan con los recursos financieros y humanos para cumplir con las obligaciones a que se comprometen en los contratos que se les otorgaron. En ese mismo periodo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) dejó de cobrar 7 mil 239 millones a estas empresas fachada debido a cancelaciones o condonaciones de adeudos fiscales.
De acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (OCI), en los últimos cuatro sexenios se otorgaron un total de 3 mil 529 contratos a 834 empresas fantasma, siendo el sexenio de Felipe Calderón el que dio la mayor cantidad de recursos con un monto 5 mil 333 millones 565 mil 345 pesos, seguido del de Enrique Peña Nieto con 4 mil 873 millones 38 mil 585 pesos, el de Vicente Fox, con mil 102 millones 827 mil 640 pesos y el de Andrés Manuel López Obrador con 182 millones 840 mil 799 pesos. El problema con esta última administración, es que se aseguró en reiteradas ocasiones que ya no se entregaba dinero público a empresas simuladas.
De una muestra de mil 311 convenios que involucraron a las 87 empresas fantasma que resultaron más beneficiadas, el monto alcanzó los 7 mil 400 millones de pesos, apenas se pudieron obtener pruebas documentales, vía transparencia, de una cuarta parte de los contratos, por únicamente mil 241 millones de pesos por concepto de la asignación, no así de su cumplimiento. En el resto de los casos, las dependencias responsables declararon como inexistente o clasificada la información requerida, proporcionaron documentación ilegible y también adujeron que ésta se perdió en incendios, inundaciones y otros eventos de esta índole.
En las operaciones estuvieron implicadas 486 instituciones de los tres niveles de gobierno; el 90% fueron secretarías de estado, sin embargo fueron las paraestatales, organismos e institutos como la CFE, el IMSS y el ISSSTE los que, junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), los que concentraron una cuarta parte de los contratos y del monto total de recursos entregados a empresas fachada en los últimos 20 años. La CFE fue la que asignó más contratos con factureras con 262; sigue la SICT con 224; el IMSS, 181; ISSSTE, 157 y el Fonatur con 151.
Aproximadamente la mitad de los recursos públicos pagados a las empresas fantasma, 5mil mil 716 millones de pesos, tenían entre otros objetivos, la construcción y mantenimiento de carreteras, mejoramiento de infraestructura educativa, así como compra de medicamentos, equipo médico y material de curación para clínicas y hospitales, uno de los rubros más sensibles para la población en los últimos años.
El problema radica en que no existe documentación probatoria de que estas obras y compras se hayan realizado y en los casos donde sí la hay, se detectaron sobrecostos o mala calidad en los insumos y materiales adquiridos.
El esquema recurrente de la entrega de dinero público a empresas fachada se caracterizó por su inequidad; algunas empresas lograron hacerse de muchos contratos pequeños, mientras que otras acumularon grandes cantidades de dinero por medio de pocos convenios.
Este trabajo de Quinto Elemento Lab es apenas el primero de una serie de reportajes titulada “Fantasmas del erario” en los que se detallará el modus operandi de cómo se crearon empresas fantasma para que dependencias públicas desviaran a través de ellas, cantidades millonarias para diferentes obras y compras que en la mayoría de las casos nunca se llevaron a cabo.
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