El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, concluyó que ni el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ni su esposa, Angélica Rivera, ni el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han incurrido en conflicto de intereses con Grupo HIGA o con cualquier otro particular con contratos con el gobierno federal.
En conferencia de prensa, el secretario explicó que, según las leyes mexicanas, el conflicto de intereses se determina cuando un funcionario adquiere un inmueble o servicio como beneficio por parte de un particular siendo parte de la administración, de forma ilegal o indebida o cuando exista un acto de parcialidad por parte del político.
Con esta definición proveniente del artículo ocho de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Andrade expuso las conclusiones de todos los casos que le fueron asignados para que investigara.
En primer lugar, el funcionario indicó que se investigó todos los contratos que Juan Armando Hinojosa Cantú ha celebrado hasta el momento con el gobierno federal, a través de todas las empresas de Grupo HIGA.
De acuerdo a la investigación, el empresario tiene 22 contratos firmados con el gobierno federal a través de cuatro empresas: Constructora Tella (tres contratos), Concretos y Obras Civil del Pacífico (seis), Eolo Plus (11) y Publicidad y Artículos Creativos (dos).
El monto total asciende a mil 386 millones de pesos, lo que representa apenas el 0.17% del total de contratos celebrados entre particulares y la administración de Peña Nieto. Estos recursos provienen de 15 dependencias federales entre ellas: Bancomex, Bancefi, Sociedad Hipotecaria Federal, Banobras, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la de Economía y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
A partir de ello, el secretario expuso que Angélica Rivera y Grupo HIGA celebraron un contrato de compra-venta por la llamada “Casa Blanca” el 12 de enero del 2012, por un monto de 54 millones de pesos, con un plazo de pago de ocho años, y tasa de interés del 9%.
Según lo investigado por la SFP, hasta diciembre de 2014 Rivera emitió 33 cheques de su cuenta personal sumando un monto de más de 14 millones de pesos. Sin embargo, y de acuerdo al contrato analizado, este monto sólo fue por concepto de intereses. Aunado a ello, la casa nunca perteneció legalmente a la actriz mexicana pues se estableció que la casa sería de su propiedad hasta que se liquidará el inmueble.
Respecto a las ganancias de Rivera, Andrade explicó que según datos de Hacienda y de Grupo Televisa, hasta 2010, cuando terminó su contrato con la televisora, la actriz obtuvo una ganancia de más de 130 millones de pesos y pagó al erario casi 40 millones de pesos.
La SFP concluyó que el contrato por la “Casa Blanca” fue entre particulares pues se hizo ants de que Peña Nieto tomara posesión de su cargo. Además, se determinó que no hubo conflicto de intereses ya que el presidente no intervino como funcionario ni como particular en el contrato de compra-venta.
En el caso del inmueble de Malinalco, Estado de México, propiedad del secretario Videgaray, Andrade explicó que la casa se obtuvo a través de un contrato de compra-venta celebrado el 10 de octubre del 2012, por un monto de siete millones 500 mil pesos, con un plazo de 18 meses para pagar, y una tasa de interés del 5.31%.
Con base en la investigación, la SFP concluyó que la compra de la casa se liquidó el 31 de enero de 2014 tras vender tres inturas, propiedad de Videgaray, cuyo monto ascendía a más de dos millones de pesos.
Las obras de arte sí pertenecían al secretario de Hacienda pero no se investigó si el monto era el que dictaba el mercado, pese a que el propio Andrade aseguró que todos los trámites investigados se comparaban con los precios del mercado para confirmar que no había conflictos de intereses.
Asimismo, se puntualizó que a pesar de que el contrato se celebró cuando Videgaray ya formaba parte del equipo de transición del presidente Peña, ninguno era funcionario público y los recursos destinados a ese equipo no eran para sueldos.
Por lo mismo, se concluyó que no hubo conflicto de intereses y que todo fue un contrato entre particulares, sin que existieran modificaciones en el contrato a favor de ninguna de las partes después de que el secretario de Hacienda tomara su puesto.
La SFP investigó, como parte de la “rigurosidad” que se planteó, todas las propiedades de Enrique Peña Nieto. La dependencia concluyó que en ninguno de los contratos revisados se registraron conflictos de intereses. Además, se confirmó que el mandatario no intervino en ninguno de los contratos antes mencionados.
Andrade explicó que ni el presidente ni su esposa han adquirido inmuebles en lo que va del sexenio, y toda su declaración personal está en orden.
También precisó que no se investigó la relación entre Hinojosa Cantú y Peña Nieto cuando éste era gobernador del Estado de México, puesto que la SFP sólo investiga a funcionarios federales y la instancia consideró que el desempeño del mexiquense como mandatario estatal no era trascendente en la investigación.
Con ello, nuevamente, se concluyó que Enrique Peña Nieto no ha incurrido en ningún conflicto de interés durante su mandato, pues “jurídicamente” no está facultado para intervenir en las concesiones que otorga el gobierno federal.
Virgilio Andrade realizó una investigación durante seis meses para llegar a estas conclusiones. Entrevistó, bajo protesta, a 111 funcionarios públicos quienes podrían estar implicados en faltas. Los servidores públicos entrevistados, aseguraron, “sin presiones”, que no participaron ni fueron obligados a participar en las licitaciones.
Sobre el panel de expertos que supuestamente participarían en la investigación, Andrade dijo que “discursivamente” el presidente lo dijo para darle certeza al caso. Sin embargo, por “decisión personal”, el secretario optó por no invitar a nadie con el fin de que cualquier ciudadano, una vez concluida la averiguación, tenga acceso al expediente.
mahy
