El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, informó que seis funcionarios fueron inhabilitados por 10 años para ejercer algún cargo público, luego de que las investigaciones arrojaran que fueron presuntos cómplices en la fuga del penal del Altiplano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el pasado 11 de julio.
En conferencia de prensa, Andrade explicó que tras cinco meses de investigación la secretaría a su cargo encontró elementos suficientes para inhabilitar, y en algunos casos, destituir a los funcionarios, tras comprobar que violaron la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
De acuerdo con el reporte de La Jornada, la SFP determinó que Celina Oseguera, excoordinadora general de Penales Federales, y quien actualmente está bajo proceso penal, no asignó un presupuesto para la actualización del sistema de seguridad del Cefereso 1 ni realizó acciones para reforzar los sistemas ya existentes. Asimismo, se le acusa de haber celebrado una junta extraordinaria donde se aprobó que Guzmán Loera tuviera una televisión en su celda, lo cual está prohibido en el reglamento.
Valentín Cárdenas, exdirector del penal, es acusado de no haber activado los sistemas de seguridad al momento de la fuga del capo y de no haberse comunicado con las autoridades federales correspondientes al darse cuenta de la fuga. Al igual que Oseguera, también se le acusa de abuso de autoridad porque participó en la junta extraordinaria donde se le autorizó al narcotraficante su pantalla.
En el caso de Cárdenas, el secretario de la Función Pública también detalló que fue sancionado por no explicar su ausencia del penal desde el jueves previo a la fuga.
Otros funcionarios inhabilitados fueron: la directora técnica del Cefereso, Leonor García, acusada de no activar el código rojo y Roberto Cruz Bernal, supervisor penitenciario del Altiplano, también por no activar el código y omitir la vigilancia permanente del capo.
Por último, Juan Ignacio Orozco Y Esteban Estrada, supervisor y guardia penitenciario, respectivamente, también fueron inhabilitados por no responder a las llamadas para activar el código rojo y por no dar el aviso correspondiente a sus superiores.
Andrade indicó que ni el excomisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, o el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fueron investigados por su probable colusión en el escape, ya que no había elementos para ello.
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