Cuando dijo que a la ONU “no se le ha visto” en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum no solamente mintió, sino que olvidó convenientemente a los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro y sus múltiples abusos.
Este 17 de diciembre, la presidenta dijo que “más allá de las opiniones que se tengan” del gobierno de Maduro, lo importante es resolver los conflictos mediante el diálogo y alcanzar la paz.
Así, con una frase y al calificar los hechos como “opiniones”, Sheinbaum puso un velo sobre los abundantes y muy bien documentados abusos contra los derechos humanos del régimen venezolano, abusos que la ONU ha alertado de manera continua.
No sólo eso: el organismo también ha elevado la voz en relación con las presiones que el gobierno de Donald Trump ejerce hacia el país sudamericano, sin tomar partido por uno u otro, como dolosamente intenta hacer ver la presidenta.
Este 17 de diciembre, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, llamó a Estados Unidos a la “moderación” para reducir de inmediato las tensiones entre ambos países. Pero no se olvidó de Venezuela, a quien reconvino para cumplir también sus obligaciones en el marco del derecho internacional para que entre ambos salvaguarden la paz en la región.
Pero ayer 16 de diciembre el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos Volker Türk presentó un detallado informe del estado de los derechos humanos en Venezuela. La situación es terrible y sobre eso, Sheinbaum calla, acudiendo a su manido argumento de la no injerencia en asuntos de otros países.
De acuerdo con lo reportado por la ONU-DH, se calcula que en Venezuela hay alrededor de dos mil presos políticos. Entre ellos se encuentra el yerno del excandidato presidencial Edmundo González, Rafael Tudares, condenado el pasado 3 de diciembre a 30 años de prisión por el delito de “conspiración”.
Esa condena injusta no es una “opinión”, es un hecho.
Türk señaló que persisten en Venezuela “restricciones generalizadas a la libertad de expresión y de reunión pacífica; detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas; así como una aguda presión social y económica”.
Denunció también que existe reclutamiento forzado de adolescentes para las Milicias Bolivarianas, así como una “creciente militarización de la vida pública”, con militares en las calles, leyes antiterroristas ambiguas que facilitan detenciones arbitrarias, lo que no evita altos niveles de criminalidad, mientras decenas de periodistas se encuentran encarcelados injustamente.
El pasado 22 de septiembre, la Misión Independiente Determinación de los Hechos de la ONU advirtió de la intensificación de la persecución política en Venezuela, mediante detenciones realizadas por individuos enmascarados y delitos fabricados.
El 8 de enero, a pocos días de que Maduro tomara posesión de la presidencia de nueva cuenta, la ONU advirtió de la creciente militarización de las calles y expresó su deseo de que no hubiera “más represión” que se sumara a la que el país había vivido desde las elecciones del 28 de julio de 2024.
En comunicado de prensa se informó que Antonio Guterres “está obviamente preocupado por los informes que nos siguen llegando de ofensiva contra los derechos humanos en Venezuela, incluyendo la detención de figuras de la oposición y de defensores de los derechos humanos”.
El 3 de diciembre de 2024, la ONU ordenó al gobierno venezolano “no destruir las actas electorales” que demostraban la victoria de Edmundo González y anunció la apertura de un caso para investigar el denunciado fraude electoral.
El 15 de octubre de 2024 la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela publicó un informe que documentaba una “represión sin precedentes” en el país, en el contexto de las protestas en contra del fraude electoral.
Entre los abusos documentados se incluían detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual en contra de personas opositoras, incluyendo niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad.
El 30 de julio de 2024, a dos días de la histórica jornada electoral y en medio de una efervescencia nacional, la ONU exigió al gobierno de Nicolás Maduro que respetara el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Se revisaron informes sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del gobierno y se confirmó la muerte de un manifestante, así como varios heridos por arma de fuego.
Sobra señalar que en cada uno de estos momentos, y otros más, Sheinbaum guardó silencio o bien, se limitó a señalar que México no debía intervenir en asuntos de otros países.
Sin embargo, validó su apoyo a la elección fraudulenta de Maduro al enviar una representación a su toma de protesta.
Además, ha mostrado que su alegada postura de “no intervencionismo” es un fingimiento, pues apenas ayer, 16 de diciembre, se pronunció respecto al triunfo de José Kast en Chile, criticando su simpatía con la dictadura pinochetista.
El doble rasero propio de la 4T sirvió para demostrar que Sheinbaum está del lado del dictador Maduro y da la espalda al pueblo venezolano.
ofv
