El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, denunció el pago de un gran sobreprecio en la construcción de cuarteles de Policía en ese estado durante la administración de Silvano Aureoles Conejo, su antecesor, cifra superior a 400 por ciento más de su costo.
En su conferencia de prensa semanal, Ramírez Bedolla recordó algunos datos de la administración de Aureoles Conejo: que la Auditoría Superior de la Federación señaló un quebranto de 22 mil millones de pesos durante la gestión del perredista, pero que la cantidad por la que hoy se le busca es por 3 mil 400 millones.
Asimismo, mencionó que esa acusación fue producto de una investigación encabezada por Azucena Marín Correa, titular de la Contraloría del Gobierno de Michoacán, con lo cual las denuncias presentadas contra Aureoles Conejo ante la Fiscalía General de la República tienen el suficiente sustento técnico, financiero y legal.
También explicó que la fiscalía presentó esos elementos ante un juez, quien giró las órdenes de aprehensión contra el exgobernador de varios miembros de su equipo, por lo que ya fueron detenidos cuatro de ellos y también ya vinculados a proceso y sujetos a prisión preventiva.
Ramírez Bedolla rememoró que su gobierno presentó denuncias contra la administración anterior desde hace tres años no sólo ante la FGR, sino también en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Entre las acusaciones, el actual gobernador resaltó el caso de siete cuarteles para la Policía, de los que comentó que le llamó la atención el costo económico debido a que “no hay proporción entre lo edificado y lo que se pagó por ellos”.
En ese sentido destacó el caso de uno de los cuarteles por el que el gobierno de Aureoles Conejo pagó 980 millones de pesos, pero cuyo costo no es superior a los 180 millones, según refirió Ramírez Bedolla.
El gobernador morenista ha insistido en los sobrecostos de las instalaciones mencionadas: en siete cuarteles la inversión fue de 5 mil 186 millones (un promedio de más de 740 millones por unidad) por arrendamiento, proyecto y compra definitiva. Afirmó que en algunas obras se pagó hasta cinco veces por arriba del costo real.
Además, indicó Ramírez Bedolla, las obras respectivas fueron adjudicadas de manera directa por una supuesta patente de construcción cuya existencia no ha sido demostrada.
Asimismo, Ramírez Bedolla afirmó que el caso contra su antecesor no se trata de una “cacería de brujas” y que actualmente su estatus legal es el de prófugo de la justicia.
