Desde su fundación en 2014, el INE (y el IFE antes que nosotros) ha cumplido una serie de delicadas tareas que son indispensables para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y para la recreación pacífica y democrática de nuestra intensa pluralidad política e ideológica.
Los últimos años dan cuenta de que en México se ha edificado un sistema electoral que ha fortalecido las condiciones para un ejercicio libre de los derechos políticos y para la celebración de contiendas electorales más equitativas, ciertas y transparentes, en las que son las y los ciudadanos –y nadie más que ellos– quienes con su voto libre deciden quién nos gobierna y nos representa; son ellos quienes en las urnas premian o castigan las buenas o malas acciones de gobierno. Así ha venido ocurriendo y así ocurrió en 2018, cuando fueron electas mediante comicios incuestionables las actuales autoridades federales y muchas de las locales.
Son, en suma, tiempos de normalidad democrática en los que las elecciones no son ya, como en el pasado, un problema, sino uno de los pilares sobre los que se funda la paz pública, la convivencia pacífica de nuestra diversidad y pluralidad, así como la estabilidad política, social y económica que dependen, inevitablemente, de comicios ciertos, confiables y transparentes.
El INE es el órgano garante de los derechos y libertades políticas de las y los ciudadanos y el responsable de que la competencia electoral sea libre y equilibrada y, con ello, que sea la fuente de la legitimidad de los gobiernos democráticamente electos.
Para ello, se requiere conservar y fortalecer tanto la autonomía jurídica y política de la Institución que se ha venido ejerciendo constantemente, como su estructura de personal profesionalizado permanente, acompañado de la participación central de las ciudadanas y los ciudadanos en los procesos electorales. Ello ha sido posible, además, porque ha contado con los recursos suficientes para cumplir cabal y puntualmente las múltiples atribuciones que se le han conferido, y a que ha cumplido con eficacia y eficiencia sus funciones, lo que le ha permitido contar con un amplio reconocimiento ciudadano.
Sin duda, hay cosas por hacer y mejorar en el futuro, en ello va nuestro esfuerzo y compromiso permanente, pero los resultados están a la vista de todas las personas: los avances en las condiciones de imparcialidad, certeza y equidad han posibilitado múltiples alternancias, de las que se han beneficiado todas las fuerzas políticas sin excepción; estabilidad política y que el modelo mexicano se haya posicionado como un caso de éxito a escala internacional.
Durante varias décadas, y gracias a la contribución de varias generaciones de mexicanas y mexicanos, se ha desarrollado un sofisticado sistema electoral que descansa sobre la base de la participación de la ciudadanía -en la conducción de las elecciones y como funcionarias y funcionarios de casilla- y sobre complejos procedimientos técnicos que se ponen en marcha, no solamente durante el proceso electoral y el día de los comicios, sino de manera permanente para poder garantizar certeza en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y el fortalecimiento de las condiciones de competencia.
La historia política de nuestro país ha creado un complejo sistema de elecciones que, hoy, requiere de cuantiosos recursos para mantenerse en funcionamiento. La desconfianza de partidos y candidatos –justificable a partir de los fraudes que hace décadas hacían parte de las elecciones en nuestro país– obligó a generar sistemas tecnológicos y procedimientos técnicos y jurídicos que, al ser demandas vigentes de esos actores políticos, efectivamente, absorben recursos que deben salir del Presupuesto de Egresos.
Sortear a más de un millón de ciudadanas y ciudadanos, visitarlos, capacitarlos, instalar casillas, imprimir material electoral en papel seguridad, votar en boletas con talones foliados, desarrollar programas de resultados preliminares y de conteo rápido, instalar más de 156 mil casillas, custodiar los materiales, hacer los cómputos en distritos, organizar los recuentos de votos, procesar impugnaciones, fiscalizar los recursos de miles de candidatos, emitir credenciales para votar con múltiples datos biométricos, mantener actualizado y seguro el padrón electoral, monitorear permanentemente más de 2 mil señales de radio y televisión en todo el país, contar con un Servicio Profesional Electoral, mantener en funcionamiento 32 Juntas Locales y 300 Juntas Distritales, son parte de los candados y las medidas incorporadas, en las últimas tres décadas, a nuestro sistema electoral para generar certeza en las elecciones. Más que un costo se trata de una inversión que el país decidió hacer desde hace tres décadas para contar con un sistema electoral que nos ha dado estabilidad política y paz social.
Ninguna de las complejas tareas que despliega el INE se deben al capricho de sus consejeras o consejeros: al contrario son mandatos constitucionales y legales que los propios actores políticos han exigido y pactado en el Congreso de la Unión –padrón confiable, credencial para votar con fotografía para todos los ciudadanos e infalsificable, credencialización en el extranjero, financiamiento público y fiscalización rigurosa, acceso gratuito a radio y televisión a través del INE y un largo etcétera– para competir, pacífica e institucionalmente por el poder político.
Eso es lo que el INE garantiza: que sea a través del voto libre y secreto como se defina cada puesto de gobierno y de representación popular. El sufragio efectivo, ese anhelo histórico de nuestro país hoy es una realidad y no debe sacrificarse por ningún motivo.
Las elecciones creíbles, vigiladas, con múltiples candados de seguridad y organizadas por una institución autónoma e independiente, han sido una construcción colectiva, y ciertamente requieren recursos públicos.
Todas las instituciones del Estado estamos obligadas a garantizar un ejercicio eficiente de los recursos asignados, pero el fortalecimiento de la democracia es una inversión necesaria para preservar los logros que tanto nos han costado como país. Sacrificar la democracia y las elecciones libres y genuinas organizadas por una autoridad electoral autónoma, independiente e imparcial significaría, además de un lastimoso retroceso histórico, un enorme costo social y político, e incluso económico.
En este contexto, el INE presentó una solicitud de presupuesto para el año 2020 que ascendía a 12 mil 493 millones de pesos. Se trató de un monto calculado sin excesos, para poder cumplir cabalmente todas las funciones, atribuciones y servicios bajo nuestra responsabilidad. No obstante, la actual legislatura decidió, por segundo año consecutivo, imponerle al INE una grave reducción al monto solicitado. El recorte de mil 71.5 millones de pesos aplicado el viernes pasado es el más alto en la historia de la autoridad electoral y se encadena con la reducción de 950 millones de pesos hecha en el presupuesto 2019.
Es decir, por segundo año consecutivo, y en un contexto en el que se han presentado un conjunto de iniciativas que, de proceder, pondrían en riesgo su autonomía, el INE es afectado con recortes cada vez mayores que colocan en una potencial zona de riesgo sus funciones y ponen al límite su capacidad operativa. Y ello ocurre ahora, precisamente, en el año en el que tendremos que iniciar la preparación de la que será la elección más grande de la historia, tanto por el número de electores –que se estiman en alrededor de 96 millones–, como por el número de cargos de elección popular federales y locales que estarán en disputa: 3 mil 495, que significan 260 más que en 2018.
Este recorte nos coloca en un límite crítico en materia presupuestal. Nos obliga a revisar múltiples proyectos, a posponer varias inversiones de las que depende el adecuado servicio a la ciudadanía y la calidad de la organización y el arbitraje electoral, e incluso nos obliga a revisar algunos de los convenios de colaboración que hemos suscrito, y que hoy suponen que le demos servicios gratuitos a varias dependencias del gobierno federal, para enfrentar el déficit presupuestal con el que arrancaremos el próximo año.
El próximo 11 de diciembre el Consejo General adecuará de manera definitiva el presupuesto de la institución para el 2020 para ajustarse así a lo autorizado por la Cámara de Diputados. Hasta entonces continuaremos analizando las medidas y la afectación a las partidas presupuestales que menos daño le provoquen a la operación de la institución, privilegiando siempre salvaguardar y afectar en la menor medida posible los servicios que le brindamos a las y los ciudadanos, en primer lugar, la expedición de la credencial para votar con fotografía, y la calidad de las elecciones de 2020 y del proceso electoral 2020-2021.
Sin embargo, podemos anticipar que al menos tres áreas importantes sufrirán afectaciones presupuestales:
- La reducción hará imposible la inversión necesaria para renovar la infraestructura informática que permite realizar el monitoreo permanente de 2 mil 200 canales de radio y televisión, a pesar de que esos aparatos ya llegaron al final de su vida útil y en cualquier momento pueden, por su uso y obsolescencia, presentar fallas en ese servicio.
- Se tendrá que suspender la inversión programada en la infraestructura física en los módulos de atención ciudadana, que tenía el propósito de brindar una atención más eficiente y adecuada a las y los ciudadanos que acuden a tramitar su credencial para votar y hacer modificaciones a su situación registral.
- Tendremos que revisar los calendarios con los que pensábamos operar el inicio del proceso electoral federal 2020-2021, para posponer hasta el límite aquellas decisiones y procesos que mandata la ley, como la instalación de los órganos colegiados del INE, responsables de la operación desconcentrada de la elección, para tratar de generar el mayor ahorro posible para atender el déficit que genera el recorte aplicado por las y los diputados al Instituto.
El INE enfrentará esta delicada situación con mucha responsabilidad. Por eso realizaremos las adecuaciones presupuestales haciendo todo lo humana e institucionalmente posible para que las medidas que adoptemos afecten lo menos posible los servicios que brindamos a la ciudadanía, la calidad de las elecciones y los derechos laborales de las y los trabajadores del Instituto. Esos aspectos han sido, son y seguirán siendo nuestra prioridad principal.
El próximo año será un año, insistimos en ello, en el que INE se verá obligado a operar en el límite y en una zona de potencial riesgo presupuestal, de manera permanente. De hecho, resultará inevitable iniciar el ejercicio 2020 con un déficit financiero que procuraremos ir subsanando con medidas extraordinarias de ahorro y disciplina presupuestaria a lo largo del año.
Sin embargo, como ha siempre ha ocurrido, el Instituto le cumplirá una vez más a la ciudadanía. A ella nos debemos y para ella trabajamos todo el tiempo. En tal sentido, a las y los consejeros electorales nos importa subrayar que seguiremos defendiendo nuestra autonomía e independencia decisional. Las autonomías constitucionales y los mecanismos institucionales de control en un sistema democrático, como los que ejerce el INE, no se concibieron para estar en contra de algún gobierno o fuerza política. La autonomía y los contrapesos en una democracia se diseñaron para evitar excesos de los poderes públicos y para evitar que el ejercicio de los derechos fundamentales se encuentre en riesgo.
