Para la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), el programa de descentralización de dependencias federales anunciado por Andrés Manuel López Obrador presenta una serie de inconvenientes que deberían considerarse antes de tomar una decisión definitiva al respecto.
En su boletín semanal, el órgano empresarial expuso que, de acuerdo con estimaciones del equipo del presidente electo, este proyecto tendría un costo próximo a los 125 mil millones de pesos, más otros 2 mil millones que se destinarían en estudios preliminares; esto, dijo, lo convertiría en uno de los más onerosos y contradictorios a la política de austeridad que ha promovido como una sus principales directrices.
“Hemos dicho con claridad, que apoyaremos decididamente las medidas de austeridad republicana que ha postulado el Presidente Electo y que en su gran mayoría son pertinentes. Sin embargo, esta iniciativa de reubicación de las dependencias federales parece contradictoria a las medidas que se emprenderán para eficientar el gasto público federal, y podrían incluso neutralizar los ahorros”, expuso.
Entre las complicaciones que Coparmex observa, destacan los costos y los tiempos para instrumentar el programa, el cual podría tomar todo el sexenio e incluso trascenderlo, toda vez que se debe considerar la adquisición o el arrendamiento de inmuebles, acción que implica una serie de criterios como la funcionalidad, su infraestructura, equipamiento, ubicación, situación legal, entre otros.
Respecto al capital humano, el organismo plantea que el plan de reubicación tiene que contemplar el respeto a la antigüedad y los derechos del personal sindicalizados. Asimismo, en caso de que un porcentaje de esta plantilla, así como del personal de confianza que no esté en condiciones de trasladarse, implicaría la necesidad de contratar nuevo personal y capacitarlo para garantizar la operatividad de la dependencia.
Por otra parte, Coparmex planteó que los beneficios de este proyecto podrían resultar marginales en tanto no se modernicen y digitalicen muchos de los trámites y procedimientos dentro de las secretarías, porque de otra forma, un grupo de funcionarios tendrían que trasladarse frecuentemente a Ciudad de México para llevar a cabo diversas acciones.
Por todo lo anterior, el organismo exhortó al próximo gobierno a que se analice “con rigor técnico, de forma multidisciplinaria y con un amplio escrutinio público”, los pros y los contras de este ambicioso programa a fin de que se tome la decisión que más convenga al país.
“Es indispensable analizar sin posiciones irreductibles o dogmáticas, y con elementos técnicos, si el impacto positivo esperado de esta medida de cambio de adscripción, supera los enormes y evidentes costos. La elección de ubicación, debe apoyarse en análisis de conveniencia, realizados con altos estándares de transparencia, pues no puede fundarse solo en las convicciones personales del Presidente Electo o su equipo”, apuntó.
Concluyó que así como se discuten varias opciones para el nuevo aeropuerto, en este caso deberá de abrirse un amplio debate técnico, a la vista de la sociedad, y en caso necesario, se rectifique en la propuesta si es que resulta inoportuna su implementación, en el contexto de limitación financiera por el que atraviesa el gobierno federal.
arg
