Con el crimen de Carlos Manzo, en lo que va de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán suman siete alcaldes asesinados, cinco más atacados y uno desaparecido, esto a pesar de que el mandatario estatal ha asegurado que no ha dejado solos a los alcaldes en sus demandas, especialmente en lo relacionado con la seguridad.
En el caso específico de Carlos Manzo, ultimado el pasado sábado en un evento público; aun cuando reconoció haber tenido algunas diferencias con él, afirmó que se privilegió el trabajo coordinado entre ambos niveles de gobierno en beneficio de los habitantes de Uruapan.
“El alcalde y yo teníamos buena relación y coordinación. En su momento hubo diferencias, pero al asumir él la presidencia municipal, asumimos la responsabilidad de sacar adelante Uruapan, y él fue muy responsable en ese sentido”, reveló en conferencia de prensa.
Aun cuando el gobernador reconoció que es legítima la indignación social que este crimen ha generado, hizo un llamado a los pobladores a mantener la serenidad y permitir que las investigaciones avancen.
“Entiendo que hay una gran indignación, que hay enojo, pero siempre y más en estos momentos, tenemos la responsabilidad de dar la cara, de actuar. Las protestas legítimas son perfectamente entendibles. Estamos coordinando los esfuerzos, los trabajos, para que se haga justicia. Eso ténganlo por seguro”, aseveró.
Los asesinatos de alcaldes en Michoacán durante el gobierno de Ramírez Bedolla comenzaron a principios de 2022, es decir, unos meses después de haber tomado posesión; las víctimas pertenecían a diferentes partidos políticos.
El primero de los ediles ejecutados fue Enrique Velázquez Orozco, del PRI, quien encabezaba la alcaldía de Contepec; el crimen ocurrió el 8 de febrero de 2022, después de que se le había reportado como desaparecido. Un mes después, fue asesinado el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, mientras circulaba a bordo de su vehículo.
El siguiente crimen se dio el 1 de abril de 2024, cuando Guillermo Torres Rojas, alcalde de Churumuco, del PRI, fue atacado a balazos mientras cenaba en una taquería de Morelia. El 3 de junio de ese mismo año, fue ejecutada la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, del PAN, quien previamente había sido secuestrada.
El 5 de junio de 2025, fue asesinado Salvador Bastidas García, alcalde de Tacámbaro y doce días después, el 17 de junio de 2025, Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue ultimada a las afueras de su domicilio. Y finalmente, Carlos Manzo, fue ejecutado el pasado 1 de noviembre en Uruapan.
Además de los siete asesinatos, desde el 29 de junio de 2021, Gilberto Mejía Salgado, quien ganó la alcaldía de Penjamillo por el Partido Encuentro Solidario (PES), está en calidad de desaparecido y no se sabe nada de su paradero.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), citada por Proceso, desde el 2012 al 2024 el número de homicidios cometidos en Michoacán se duplicó y ya figura entre los diez estados con más homicidios del país. En 2024, se reportaron mil 632 casos, lo que contrasta radicalmente con los 827 registrados en 2012.
Entre enero y septiembre de este año se registraron mil 024 homicidio Michoacán, cifras inferiores a las de 2024, aunque no hay detalles sobre cuántos de estos hechos están directamente vinculados al crimen organizado. De hecho, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán reportó una disminución del 59.85% en la incidencia de homicidios dolosos durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al pasar de un promedio diario de 8.3 asesinatos en octubre de 2021 a 3.4 casos diarios en junio de 2025.
Sin embargo, la percepción de inseguridad continúa con tendencia al alza, especialmente en regiones como Tierra Caliente, Zamora, Uruapan, Apatzingán y recientemente en Zitácuaro, donde se han reportado bloqueos carreteros, enfrentamientos armados, hechos violentos y ataques contra personas inocentes.
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