La defensa legal de los deudos y víctimas del desplome de la Línea 12 del Metro, expresó su desconfianza hacia el fondo para resarcir los daños que les propuso la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi), por considerar que con este se busca eximir de responsabilidad a las constructoras de la obra.
De acuerdo con Cristopher Estupiñan, abogado de los afectados, hasta el momento no se les ha convocado para discutir los términos de la conformación de este fondo reparatorio, ni la situación jurídica de las empresas, por lo que les preocupa que este ofrecimiento sea resultado de un acuerdo “en lo oscurito” de las firmas con las autoridades.
El litigante señaló que a fin de que se garantice un acceso efectivo a la justicia y que no haya impunidad en los hechos que cobraron la vida de 26 personas y dejó lesionadas a más de 100, se planteará al juez de la causa la imposición de una multa por 24 mil millones de pesos y su inhabilitación para participar en obras públicas, porque de esta forma se tendría alguna seguridad de que una tragedia como la Línea 12 no vuelva a repetirse.
“Tiene que haber una sanción ejemplar que genere un precedente en toda la industria de la obra pública, para efectos de que esto no se repita y que quienes participen tengan muy claro que si cometen una negligencia, va a haber consecuencias”, expuso en declaraciones a medios de comunicación.
Según el reporte de El Economista, además de la sanción y reparación del daño, se propondrá la creación de una Comisión de la Verdad en el Congreso de la Unión, además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso, dado que no confían en las investigaciones de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
Cabe recordar que el pasado 15 de octubre, cuando la Fiscalía capitalina presentó los resultados de su peritaje sobre el accidente de la Línea 12, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, dio a conocer que se promoverían acuerdos reparatorios con las empresas responsables de la construcción de la obra, con la finalidad de garantizar un fondo de atención, pero también evitar un proceso judicial demasiado largo.
Sin embargo, el abogado de las víctimas consideró que la verdadera razón de que las autoridades quieran ahorrarse un juicio largo, es dejar impunes a la constructoras, porque en las carpetas a las que se le ha dado acceso, no hay ningún citatorio para los representantes de las empresas. Lo más preocupante, agregó, es que se busque impulsar un acuerdo reparatorio únicamente con las empresas sin considerar a las víctimas ni su representación legal.
“Solamente es un acercamiento tras bambalinas en el que nosotros nos enteramos de que ya existió ya cuando sale la jefa de Gobierno o la fiscal a anunciarlo. El acercamiento ha sido con ellos, no con nosotros. Entonces exigimos un acercamiento directo porque aquí hay que poner las cosas en una balanza”, indicó.
Este lunes, tuvo lugar la primera audiencia para la que estaban citados a comparecer diez exfuncionarios mencionados por la Fiscalía como presuntos involucrados en el caso, sin embargo, dos no se presentaron aduciendo diversas causas, uno de ellos, Enrique Horcasitas, exdirector de Proyecto Metro, la instancia responsable de la construcción de la Línea 12.
Por tal razón, el juez determinó aplazar hasta el 3 de diciembre la diligencia en la que se formularían las imputaciones de presuntas responsabilidades a los señalados.
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