La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dio un plazo de 72 horas a las compañías de telefonía móvil Telcel y AT&T para que proporcionen al Instituto Nacional Electoral (INE), el nombre y domicilio de los propietarios de las líneas desde donde se efectuaron las llamadas contra Andrés Manuel López Obrador durante la última fase de la campaña electoral.
El TEPJF llegó a esta conclusión luego de analizar el recurso de impugnación presentado por las mencionadas empresas, ante la multa de 20 mil pesos que les impuso la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (UTCE), por su negativa a dar dichos datos. No obstante, cabe aclarar que la sanción económica fue revocada, y en cambio, se les fijó el plazo ya referido para cumplir con la disposición.
Durante la discusión del proyecto elaborado por el magistrado Indalfer Infante, se determinó que por “única y excepcional ocasión”, no se impondrían las multas a las telefónicas por considerar que éstas no actuaron con dolo al no brindar la información requerida por la UTCE, sino amparados en la protección de la confidencialidad de sus clientes, señala el reporte del diario Reforma.
El ponente expuso que de acuerdo con lo estipulado Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la solicitud de información sobre llamadas telefónicas solamente procede mediante un mandamiento judicial y de ahí, el sustento de las empresas para su negativa, sin embargo, en este caso no se estaban pidiendo detalles sobre el contenido o datos de tráfico de alguna llamada en específico, sino únicamente identificar las líneas desde las que se realizaron las llamadas que aludían directamente a uno de los candidatos participantes en la contienda electoral.
Por su parte, la magistrada presidenta del TEPJF, Janine Otálora Malassis, respaldó la conclusión del proyecto de revocar las multas a las empresas telefónicas, aunque estableciendo un apercibimiento para cumplir con el requerimiento que les fue formulado.
Cabe mencionar que el magistrado José Luis Vargas se excusó del caso al argumentar tener nexos familiares con uno de los apoderados legales de una de las empresas involucradas.
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