El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó las impugnaciones contra la elección presidencial presentadas por PAN, el PRI y el PRD, así como por la senadora Xóchitl Gálvez, con lo que validó el triunfo de Claudia Sheinbaum y dejó impunes las injerencias del presidente Andrés Manuel López Obrador y el uso de programas sociales para promover y coaccionar el voto. Dos de los magistrados fueron muy críticos con el proyecto que dio lugar a la sentencia, especialmente en lo referente a la intervención presidencial y el aprovechamiento de políticas y recursos gubernamentales.
La Sala Superior del TEPJF aprobó de manera unánime (por seis votos) el proyecto que desde el 24 de julio se había hecho público, a cargo de los magistrados Felipe Alfredo Barrera Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña, en el que se planteaba desechar la impugnación contra la elección presidencial presentada por Gálvez debido a que carece de interés jurídico, y declarar infundadas las presentadas por el PAN, el PRI y el PRD para reclamar la nulidad del proceso. Así, ese órgano consideró que este fue legítimo y que no se transgredió la integridad electoral.
Sobre la impugnación de la senadora y candidata presidencial, el TEPJF determinó desecharla porque carece de interés jurídico ya que no planteó ninguna violación directa a sus derechos político-electorales, además de que ella misma dijo no solicitar la nulidad de la elección.
Asimismo, el TEPJF declaró infundados los planteamientos de los partidos: el de violencia generalizada debido a que las pruebas (vínculos electrónicos) sólo mostraban que fueron actos aislados y que la presunta incidencia del crimen organizado sólo estaba basado en opiniones subjetivas y percepciones.
También fueron declarados infundados los planteamientos referentes a la intervención indebida de los sindicatos en la elección presidencial, a la difusión de informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la coacción al voto a través de programas sociales y a una estrategia para la compra y condicionamiento del voto
Por “inoperantes” fueron desechados los planteamientos de adquisición indebida de tiempo en radio y televisión, y de nulidad de votación recibida en casilla. En general, puede decirse que las declaraciones de “infundados” e “inoperantes” fue por insuficiencia en las pruebas.
Lo que seguramente es muy polémico es el de la intervención del presidente de la República en el proceso electoral: la mayoría de los magistrados consideraron que no se demostró sistematicidad ni reiteración, sino que “se trata de acontecimientos aislados que se generaron en distintos momentos del proceso electoral e incluso, previo a su inicio”.
Además, consideraron que en 17 meses fueron difundidas 342 conferencias de prensa presidenciales, sólo en 34 fueron acreditadas “expresiones posiblemente irregulares”.
Acerca de las intervenciones de los gobernadores, también consideraron que se trató de hechos aislados de los que no se demostró “un actuar premeditado para beneficiar a una opción electoral”.
Los magistrados Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón presentaron votos concurrentes. La primera refirió sobre la intervención del presidente en el proceso electoral, sobre lo que opinó que la resolución al respecto “omite existencia de diversas sentencias que esta Sala Superior en las que se ha confirmado, en el fondo, esta indebida participación, además de haberse confirmado la emisión de 20 medidas cautelares, ocho tutelas preventivas, así como su incumplimiento, siendo todas estas decisiones un hecho público y notorio para este órgano jurisdiccional”.
Agregó que esa es “una situación especialmente grave, siendo que en la historia nacional la intervención de los presidentes en los procesos electorales ha implicado cuestionamientos tajantes a la validez de procesos electorales anteriores”.
Sobre el punto, dijo que no comparte la conclusión de que no se acreditó la intervención del Ejecutivo federal en el proceso electoral al reducir sus actos a “hechos aislados”. Agregó: “El contexto de las implicaciones de las conferencias matutinas, el uso de recursos públicos que su realización implica, la agenda que el presidente impulsa a través de este ejercicio y el número de asuntos en los que se acreditó un actuar indebido o se intentó prevenir son elementos que ponen en evidencia que no estamos ante declaraciones aisladas sino ante un actuar sistemático”.
Sobre los programas sociales, Otálora Malassis dijo que en el expediente hay elementos de prueba suficientes para acreditar las expresiones de funcionarios de alto nivel sobre lo que sucedería si su fuerza política no ganaba las elecciones.
Rodríguez Mondragón expresó que el proyecto es “insuficiente”, ya que “carece de un análisis metodológico riguroso que, además, debiera estar guiado por estándares internacionales de toda elección para ser democrática. Es decir, el proyecto carece de la visión de integridad electoral que permite modular la distancia entre la realidad política y el Estado de derecho”.
Señaló tres fallas del proyecto: no se hace cargo de hechos probados, no realiza diligencias debidas para valorar la totalidad de conductas y hechos, y no analiza el contexto en el que ocurrieron las irregularidades.
“El proyecto de sentencia se destaca por evitar a toda costa las violaciones al principio de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda cometidas por servidores públicos y acreditadas mediante sentencias firmes de esta Sala Superior, que confirmaron las dictadas por la Sala Regional Especializada, decisiones que fueron reconocidas en el escrito de tercería presentado por el partido Morena”, señaló Rodríguez Mondragón.
Continuó: “Las constantes intervenciones del Ejecutivo federal durante la elección sí afectaron las condiciones de neutralidad y equidad de la contienda electoral, pero no invalidan la elección. En eso estoy de acuerdo”.
“Los hechos muestran que la forma en que se gestionaron y comunicaron los programas sociales desde las instancias gubernamentales se tradujo en malas prácticas desde la perspectiva de integridad electoral”, señaló el magistrado.
Ahora, se espera que la entrega de la constancia a Claudia Sheinbaum como presidenta electa se realice el próximo jueves.
