Por utilización de recursos públicos para posicionar a Morena en una conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y Ana Elizabeth García Vilchis, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) multó a ese partido y dará vista al Órgano Interno de Control de Presidencia de la República.
El PRD fue el partido que presentó un recurso de queja por la conferencia de prensa presidencial del pasado 7 de julio, ya que consideró que constituía promoción personalizada del mandatario.
Sin embargo, resultado de un análisis de aquella conferencia de prensa el magistrado Luis Espíndola consideró que si bien no hubo promoción personalizada del presidente, fueron presentados datos del monitoreo de medios realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la UNAM durante las campañas de los partidos en los recientes comicios para mostrar una cobertura presuntamente sesgada contra Morena. De ello consideró que se trató de utilización de recursos públicos para posicionar a una fuerza política.
La magistrada Gabriela Villafuerte Coello consideró que lo observado en aquella conferencia de prensa fue “una propaganda de corte político que lo que hace al poner como víctima al partido político lo que realmente le está generando es la posibilidad de beneficiarse en esta narrativa que parece victimizar al partido político, y puede crear adeptos que se solidaricen con él por este trato desmedido”.
Villafuerte Coello también consideró que en este caso “hay adquisición de tiempos en radio y televisión, y hay un beneficio para Morena, claro que lo hay. Hay un beneficio y también una inobservancia en el artículo 41 de la Constitución porque éste establece cuáles son las vías de acceso a la información”.
De lo ocurrido también se atribuyó responsabilidad a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y Erwin Sigfrid Frederick Neumaier De Hoyos, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales.
Por lo anterior fue sancionado Morena con una multa de 17 mil 924 pesos por no deslindarse de lo ocurrido, además de que se le dará vista al órgano Interno de Control de la Presidencia de la República. Además, la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República deberá editar el contenido ilegal.
En la conferencia de prensa presidencial del 7 de julio, en la sección “Quién es quién en las mentiras”, García Vilchis, además de una supuesta contrarréplica contra Joaquín López Dóriga, presentó datos del monitoreo del INE y la UNAM de noticieros en radio y televisión entre abril y junio de este año.
Los datos presentados correspondían a empresas como Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, Grupo Heraldo, MVS y Radio Fórmula, además de noticiarios de periodistas como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Francisco Zea y Azucena Uresti.
García Vilchis destacó en esa ocasión que las menciones negativas contra Morena eran muchas más que contra el resto de los partidos.
Al concluir la exposición de la encargada de la sección, López Obrador dijo que consideran importante “que la gente se entere de este comportamiento tendencioso, sesgado, porque muchos se tragan estas mentiras, estos platos de mentiras. Por muy avispado que uno esté, por muy despierto que uno esté, frente a un bombardeo de estos pues sí se llega uno a aturdir, duda”.
El presidente consideró hasta violatorio de los derechos humanos la cobertura de los medios durante las campañas, la que, dijo, “es una descarga constante de mentiras. Imagínense cómo termina un radioescucha, un lector de periódico, un televidente”.
Según él, eso nunca se había visto “desde los tiempos de Madero”. Y sentenció: “Esto, además de todo, produce hasta odio. No tiene nada que ver esto con un periodismo objetivo, profesional. Ojalá y los dueños de estos medios revisen este comportamiento inmoral y le tengan respeto a los ciudadanos, al pueblo”.
Ahora la Sala Regional Especializada del TEPJF determinó que en esa conferencia de prensa presidencial fueron utilizados recursos públicos para beneficiar a una fuerza política. Con esta, es cuando menos la cuarta ocasión que el TEPJF determina que López Obrador ha violado la legalidad en materia electoral.
